La minería ilegal en Colombia es cada vez más difícil de frenar
Para la Contraloría colombiana la explotación ilícita minera de oro, arena y arcilla causa un elevado impacto negativo sobre el medio ambiente. Los efectos más notables se encuentran en dos las cuencas localizadas al sudoeste del país. El ente sostuvo que gran parte de la minería es manejada por grupos privados que están al margen de la Constitución y la ley.
El informe de la Contraloría General de la República de Colombia, publicado en el diario colombiano El Espectador, afirma que “no solo el Estado se encuentra lejos del minero y su entorno, sino que su presencia es reemplazada fácilmente por grupos al margen de la Constitución y la ley”. De esta forma, dichos grupos asumen su papel en la ilegalidad: “otorgan ‘permisos’, cobran ‘impuestos’, imponen a su manera un orden social, sancionan y condenan con la fuerza de las armas en total impunidad”.
“Pretender convertir a Colombia en un País Minero sin tener en cuenta la realidad social, económica, ambiental y cultural de las regiones, tendrá consecuencias negativas en cada una de esas esferas de la vida de los pueblos”, sostiene el informe de la Auditoría colombiana.
Consecuentemente, el informe alerta sobre el daño ambiental que está ocasionando la minería ilegal del oro, en las cuencas de los ríos Dagua (en el Valle del Cauca), y San Juan (en el Chocó).
“El río Dagua presenta erosión y socavación de sus márgenes, así como la pérdida de cobertura vegetal protectora y otras situaciones que representan una seria amenaza por posibles deslizamientos, crecientes e inundaciones”, sostienen los auditores, y agregan: “También hay aprovechamiento forestal ilegal e impacto sobre la fauna”.
Según la nota de El Espectador, en el caso de la cuenca del río San Juan, en el Chocó, “la actividad de minería ilegal del oro se desarrolla en condiciones que atentan contra la sostenibilidad del ecosistema, como la utilización de maquinaria (retroexcavadoras y dragas de succión); carencia de estudios y efectos ambientales; y destrucción de bosque por tala indiscriminada, los que acelera los procesos erosivos, aumenta la sedimentación y ocasiona así la pérdida de navegabilidad.”
Hablemos de cifras
El artículo sostiene que según la contraloría General, las políticas públicas tendientes a erradicar la minería ilegal tuvieron pocos resultados y altos costos. En abril de 2010, el Ministerio de Minas y Energía entregó el siguiente reporte: “158 minas legalizadas en 8 años, con un costo total de $14 mil millones corrientes”. En otras palabras, este número equivale a 7.208.934 dólares.
Si lo traducimos a un lenguaje más llano, los datos revelan que cada legalización habría tenido un costo de $89 millones, sin tener en cuenta costos indirectos y un promedio de 20 minas legalizadas por año.
