En dos informes de gestión consecutivos (105 y 107) ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete Marcos Peña fue consultado sobre diversas aristas del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que sirve para gestionar los trámites de la administración pública.

Una de ellas está vinculada a la contratación de la empresa que brinda el servicio. Conforme a la normativa vigente, se llamó a un concurso público para su selección, proceso publicado en el sitio web COMPR.AR 

No obstante, en una de las preguntas se detalla que el Pliego de Bases y Condiciones, puntualmente en la cláusula 24, establece que “la adjudicación del presente proceso recaerá sobre la oferta que (…) resulte más conveniente para el Estado Nacional, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la misma”.

A partir de ello, se le preguntó si “no resulta amplia y ambigua la fórmula de adjudicación”, a lo que el jefe de Gabinete esbozó una respuesta citando el artículo 20 del mismo Pliego en el que se establece que la evaluación y valorización será mediante “los criterios de ponderación de los factores que se consignan”. 

 

 

En esta línea también se le consultó si no era una restricción artificial que en el Pliego se estableciera como “requisito mínimo obligatorio que el oferente tenga proyectos de provisión de servicios similares en complejidad y en volumen, dentro de la República Argentina, con el Sector Público Nacional en los últimos cinco años”. En la pregunta se agrega que “la empresa ganadora del concurso fue Everis S.A, la misma que desarrolló el sistema en la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicción pionera en la gestión electrónica de documentos.

En su respuesta, Peña solo señaló que “entre las condiciones se necesita que el prestador tenga una experiencia importante en la materia” y que “no es restrictivo, dado que existen varios oferentes que reúnen más de cinco años de antigüedad”.

 

 

El Sistema de Gestión Documental fue cedido por el Gobierno de la Ciudad a la Nación, de manera gratuita, mediante la firma de un convenio en marzo de 2016. Desde el bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina, de la Cámara de Diputados quisieron saber si la ONTI había tenido la intervención que le correspondía en relación al nuevo sistema.

La Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI) tiene entre sus funciones fundamentales, a través de su Dirección de Estandarización Tecnológica (DET), “emitir opinión técnica de competencia sobre los proyectos tecnológicos que inicien los diversos organismo del Sector Público Nacional, previo al inicio de la contratación correspondiente”.

En el informe 105, se respondió simplemente que “tuvo la participación que le compete en los procesos vinculados con la implementación y la ampliación de formalidades”. Aclaró también que “como no hubo contratación, la intervención no fue formal” sino que hubo un “asesoramiento”.

Pero, evidentemente, desde el bloque que preside Graciela Camaño no se quedaron conformes con la respuesta porque en la siguiente presentación de Marcos Peña en Diputados, se le volvió a consultar al respecto.

 

 

En una, se solicitó conocer los pronunciamientos de la ONTI en relación al convenio de cesión del sistema de la Ciudad de Buenos Aires a la Nación. En la otra, se pidió lo mismo pero sobre todos los contratos de adecuación y modificación de funcionalidades. Ante ambas consultas, Jefatura de Gabinete afirmó que “la Oficina se pronunció en las instancias que le fueron requeridas” y que en los informes elaborados por ella “no existen observaciones técnicas relevantes”.

¿Dónde se usa el GDE?

En la presentación 107 en la Cámara baja, la diputada Carla Pitiot, integrante también de la Comisión Directiva de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), quiso saber qué provincias y qué municipios utilizan el GDE. La respuesta fue la siguiente: