La Jornada de Control, Transparencia y Participación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, donde se reunieron diferentes organizaciones de la sociedad civil junto a distintos diputados para presentarles iniciativas elaboradas a partir de las problemáticas con las que trabajan, para que luego sean traducidas en propuestas legislativas.

El encuentro contó con la presencia de Karina Banfi (UCR, Provincia de Buenos Aires), Daniel Lipovetzky (PRO, Provincia de Buenos Aires), Julio Raffo (Diálogo y Trabajo, CABA), Graciela Camaño y Marcos Lavagna (Frente Renovador, Provincia de Buenos Aires). 

Una de las ponencias presentadas fue la de Grupo ASUMA, una cooperativa de Trabajo interdisciplinaria que encara la participación ciudadana desde la acción colectiva “como clave para construir barrios sustentables integrales desde el Estado”.

En este sentido, la organización detalló los problemas de los planes federales de vivienda, entre los que enumeraron: viviendas alejadas de los servicios de salud, educativos y culturales, hacinamiento de familias, abandono de los barrios y lejanía del transporte público, entre otros.

En cuanto a la participación ciudadana colectiva, las experiencias que mencionaron fueron a partir de dos cooperativas beneficiarias del programa Procrear. A una de ellas, formada por 48 familias, las fueron asistiendo con diseño participativo de la planificación de barrio: qué se necesita en un barrio, cómo funcionan los consorcios, los modelos de vivienda. 

Otro de los expositores fue Federico Recagno, Secretario General de Fundación Éforo y Secretario Adjunto de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), quien acompañó con una propuesta parlamentaria. “La idea de nuestra Fundación es fomentar la participación ciudadana”, desde el punto de vista de “la participación activa”. 

Dentro de este marco, se refirió a que, en este momento, están llevando a cabo dos programas: Escuela de Vecinos, en el cual trabajan con alumnos de escuelas públicas y privadas con quienes analizan problemáticas de la CABA; y Ciudad Auditada, en el que hizo foco.

Recagno expuso que hay diez provincias que tienen órgano de control municipal: Córdoba, Corrientes, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Chubut, San Luis, Río Negro, Santa Fe y Tierra del Fuego. Sin embargo, agregó, “ninguna de las ciudades de la Provincia de Buenos Aires posee organismos de control”.

Pese que hay localidades que tienen organismo de control municipal, como Virasoro, ubicada en Corrientes, en donde hay  31 mil habitantes; hay municipios como la Matanza, que cuenta con casi 2 millones de personas, que no poseen. En este contexto manifestó que “en la Provincia de Buenos Aires hay 70 municipios que tienen mayor cantidad de habitantes que en Virasoro” y no tienen entidades de fiscalización. 

“Para nosotros la creación de un organismo de control municipal no es solo poder ser más transparentes a la hora de la gestión, sino también debería significar la participación ciudadana”, sentenció.

En este sentido, resulta necesario fomentar la creación de los mismos junto con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, con las que se armarían reuniones para debatir cómo deberían ser estos órganos teniendo en cuenta la cantidad de habitantes de los municipios, el presupuesto que manejan, las facultades que se le otorgarían, entre otras cosas. 

“Hay un debilitamiento de las democracias en las que la ciudadanía se está cansando de ver que los que nos dicen cómo tenemos que vivir no viven como nos hacen vivir”, aseguró. Y concluyó: “Hay que fomentar la idea de que la gente participe para lograr el fortalecimiento democrático”. 

Las demás exposiciones estuvieron a cargo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Fundación Directorio Legislativo y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Por su parte, la anfitriona de la Jornada, Pitiot, dialogó sobre el proyecto de ley vinculado con la reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional en el que se estipula que “el Congreso fije las atribuciones y funciones de la Auditoría General de la Nación (AGN)”. 

Además, hizo hincapié en la importancia de la transparencia en el procedimiento del nombramiento de los auditores generales y focalizó en la institucionalización de la participación ciudadana en el plan de acción de la AGN ya que actualmente existe “solo por un tema de voluntarismo”.