Después del anuncio del Gobierno Nacional sobre el inminente traspaso del subte a la órbita porteña, éste miércoles se aprobó el proyecto de transferencia enviado el mes pasado por el Gobierno de la Ciudad a la Legislatura. Se declara al servicio como público y, en principio durante dos años, en estado de emergencia. 

 
Una de las primeras cuestiones que establece el proyecto es que la autoridad de aplicación, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) contrate de forma directa a Metrovías S.A para la operación del servicio, por un plazo inicial de dos años que luego podrá prorrogarse tanto como dure el período de emergencia. Más adelante, se le adjudica a SBASE la atribución de contratar, también en “forma directa, bienes, obras servicios y los suministros más urgentes” y “fijar las tarifas sin necesidad de convocar a audiencia pública”.
 
Una vez agotada la descripción de las atribuciones de SBASE, es de esperar que se haga referencia al control de su accionar por parte de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA). Pero eso no sucede, no al menos en este proyecto, de hecho, ni siquiera se menciona al organismo de control. 
 
De paro, huelga y algo más
 
En caso de “conflictos colectivos que deriven en huelga del personal o de cualquier otro tipo de reclamo colectivo, garantizar la prestación de servicios mínimos”, que se definirán con la reglamentación. Las organizaciones gremiales deberán comunicar las medidas de protestas con dos días de antelación.
 
Régimen de sanciones
 
La iniciativa además establece que interferir el funcionamiento del subte constituye “una infracción administrativa grave”, por lo que en caso de “bloqueo, compulsión a la huelga o cuando por la fuerza se impida la prestación del servicio”, Metrovías deberá realizar la denuncia penal correspondiente. A partir de ahora, entorpecer el funcionamiento puede llegar a costar hasta 100.000 unidades fijas y “eludir el pago de la tarifa” o saltar molinetes hasta 1.000.
 
Tarifas y financiación
 
En relación al costo del boleto, se estipulan revisiones y posibles incrementos anuales, previa audiencia pública. Además, se prevén distintos recursos para conformar el “Fondo Sube”, como impuestos, boletos e ingresos por el alquiler de espacios. De esta manera, se anticipan subas a los peajes de autopistas porteñas, a la patente de autos de alta gama y una suba en el impuesto a los sellos: la alícuota general de sellos era del 0,8%, pasaría a ser del 1%; la alícuota de operaciones financieras era del 1%, pasaría a ser del 1,2% y la alícuota de operaciones inmobiliarias era del 2,5%, pasaría a ser del 3,6%.
 
Sobre el aumento de las patentes, la iniciativa fija una alícuota del 4% para vehículos con valuación fiscal que vaya entre los $150.000 y $200.00; hasta $300.000 una alícuota de 4,5% y superior a ese monto una de 5%. 
 
Sociedad Anónima
 
La operación y mantenimiento del servicio puede ser llevado a cabo por el Poder Ejecutivo a través de una sociedad o a través de un privado. En este caso se propone que el Gobierno de la Ciudad conforme una sociedad anónima, con el 90% de las acciones en manos de SBASE y el restante 10% del capital social para el Gobierno de la Ciudad. La titularidad estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano. Nuevamente se detallan los modos de intervención del Estado; y del control de la AGCBA ni rastro.
 
De la Nación a la Ciudad
 
El proyecto además incluye un artículo que determina las acciones y obligaciones que deberá reclamarle la Ciudad al Gobierno Nacional. Primero, deberá solicitar “la asignación de los recursos correspondientes en virtud de lo establecido en el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional: “…no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso…”.
 
Además, el Gobierno de la Ciudad deberá “autorizar o manifestar la no objeción para que la Ciudad obtenga financiamiento de los Organismos Multilaterales de Crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
 
Fideicomiso SBASE
 
Por último, el proyecto de Ley establece la creación de un Fideicomiso de Recuperación, Mantenimiento y Expansión del Sistema de Transporte Subterráneo de la Ciudad (FIDEICOMISO SBASE) para solventar los gastos de obras de desarrollo, mejora y expansión del subte, compras, contrato de concesión y operación, etc. Tendrá una duración de 30 años y será administrado por el Banco Ciudad “de acuerdo a las instrucciones que reciba de SBASE”. Otra vez, ninguna mención al control de la AGCBA.
 
Artículo 79
 
Las disposiciones establecidas entrarán en vigencia a partir del 1º de enero de 2013.