La Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados presentó el informe “La Agenda 2030 en la legislación Argentina”, un documento que repasa el trabajo del Congreso entre 2019 y 2022 y cómo se avanzó en el cumplimiento de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el informe se asegura que hubo una elevada vinculación entre los 17 ODS y las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación durante el período 2019-2022. “Hemos identificado que cada una de las leyes sancionadas se adecúa a una -y en algunos casos a más de una- meta propuesta para alcanzar el objetivo”, sostiene.

En el apartado sobre objetivos alcanzados se destaca que en este período se enfocaron los esfuerzos mayormente en el ODS 3 vinculado a garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades  y, dentro de éste, en la meta 3.8 que es lograr una cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Respecto a la meta 3.8 se aprobaron leyes como la 27.553 de prescripción de recetas electrónicas o digitales, la cual permitió durante y luego de la pandemia de Covid-19 que el personal de la salud pueda enviar a los pacientes las recetas de una forma eficiente. En esa misma época salieron otras normas a medida del contexto como la 27.554 sobre donación de plasma y 27.573 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el
COVID-19.

Género y ambiente

El otro ODS que tuvo mucha atención fue el 5, una meta relacionada a alcanzar la igualdad de géneros y empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Dentro de este objetivo se prestó puntual atención al punto 5.5 que es asegurar la participación total y efectiva de las mujeres y LGBTI+, y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de toma de decisiones en los ámbitos político, económico y público.

En materia de género una de las leyes más importantes que se aprobó durante el período fue la 27.533, modificatoria de la 26.485, sobre la protección integral a las mujeres. Con esta norma se busca visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres y por eso se introdujo un cambio que define como violencia contra las mujeres “toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal”. Además suma las definiciones de violencia política y violencia pública-política contra las mujeres.

El documento también destaca que hubo una "importante presencia de respuestas a la problemática ambiental” a través de proyectos sancionados. Son normas que están vinculadas con los ODS 13, sobre la lucha contra el cambio climático; el 14 que busca generar la sostenibilidad de los océanos, los mares y los recursos marinos; y el 15 que tiene como finalidad proteger a los bosques. En este apartado se aprobaron normativas como la ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, y la Ley Yolanda que capacita en ambiente a los funcionarios públicos. 

Desafíos pendientes

Por último el informe considera que hay desafíos pendientes, sobre todo en los ODS que recibieron poca o nula atención. En este apartado aparece la meta de “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” (ODS 6),  “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna” (ODS 7) y también “garantizar modalidades de consumo y producción sostenible (ODS 12)”.

En estos casos se identificaron solo dos proyectos legislativos con sanción definitiva a los que se los puede vincular con dichas temáticas. “A pesar de que se demuestra una tendencia positiva con acciones que podrían estar inspiradas por la Agenda 2030, es necesario afianzar el compromiso parlamentario para alcanzar los resultados que esta Agenda exige para las generaciones actuales y futuras, procurando no dejar a nadie atrás”, concluye el documento.