La Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia (DNEPT) presentó el primer informe de evaluación sobre el índice de transparencia activa. El documento comprende la gestión 2021-2022 y mide el acceso dentro de los portales web de los organismos públicos alcanzados por la Ley 27.275, de acceso a la información. 

El objetivo del informe fue evaluar la experiencia resultante de la implementación del Índice, realizar una revisión de la metodología utilizada, identificar las dificultades resultantes de la aplicación de la estrategia de monitoreo y ofrecer una primera hoja de ruta que guíe el proceso para aplicar mejoras y su actualización.

En la evaluación realizada por la DNEPT se halló que a 15 agencias descentralizadas, 9 empresas públicas y 11 universidades se las medía al azar durante los meses impares con el objetivo de asegurar que al menos una vez al año cada organismo sea monitoreado. Para la Dirección esta metodología no garantiza que el conjunto de las entidades y organismos sean controladas.

Inclusive en este punto el informe asegura que el tiempo transcurrido entre la aplicación de un monitoreo y otro “no asegura que las potenciales mejoras realizadas en la pestaña de transparencia por parte del organismo monitoreado tengan impacto en términos de la medición del nivel de cumplimiento”. 

También se halló que el universo de sujetos obligados es cambiante. En este sentido, la Dirección consideró que “es necesario establecer mecanismos de revisión frecuente de los listados por grupo o categoría de sujeto obligado y cómo aligerar el impacto sobre cada muestreo”.

La evaluación concluyó que las estrategias de monitoreo resultan fundamentales para potenciar las políticas de transparencia activa en los portales web de los sujetos obligados alcanzados por la Ley 27.275, de manera que la información del Estado sea accesible, clara y entendible. 

La Dirección también consideró que es necesario evaluar el diseño del índice de transparencia activa a partir del intercambio con referentes de acceso a la información y expertos en cada materia y “hacer reajustes que permitan dar cuenta de la diversidad de sujetos obligados y revisar los indicadores y valores asociados a cada variable”. Se aclara también que dicha revisión “debe estar asociada a las pautas y criterios que se establecen en el instructivo de carga de la pestaña de transparencia activa”.

Este documento formará parte de una trilogía como parte del compromiso asumido en el marco del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership).

Por qué un índice de transparencia

El índice de transparencia activa fue desarrollado en el año 2020 de forma colaborativa con organizaciones de la sociedad civil. Al confeccionarlo lo que se ponderaba era que exista una máxima accesibilidad de la información, que se evite el uso de barreras del tipo formularios para el acceso; que la información fuera accesible al público en general, privilegiando formatos de publicación de la información que permitan la inclusión de la mayor cantidad de actores; la máxima granularidad de la información; y la frecuencia de actualización de la información.