Se llevó a cabo la XXXV Asamblea Ordinaria Anual de la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países de América del Sur (EFSUR), en la ciudad de Frutillar, Región de los Lagos, Chile. El encuentro contó con la asistencia de los presidentes de las entidades fiscalizadoras de la región. 

Jorge Bermúdez Soto, contralor general de la República de Chile y presidente de EFSUR, y María Graciela de la Rosa, auditora general de la República Argentina y secretaria ejecutiva de EFSUR, dieron las palabras de apertura y cierre del evento. En primer lugar se aprobó el nuevo reglamento de EFSUR que contempla la implementación de las normas y disposiciones que regularán a la Organización, teniendo en cuenta el carácter subregional dentro de la OLACEFS. El documento cuenta con 51 capítulos y 7 secciones que se dividen en objetivos, membresía, organismos y funciones, capacidades, estatuto, régimen financiero y disposiciones finales.

Por otro lado, se presentó una nueva herramienta metodológica para auditar con perspectiva de género. GÉNER.A fue desarrollada por mujeres trabajadoras de la Auditoría General de la Nación Argentina y facilitará el análisis de la perspectiva de género en el ámbito institucional, determinando el grado de aplicación de la perspectiva de género al interior de los organismos auditados; y en las políticas públicas, evaluando cómo se está aplicando el enfoque de género en la planificación y ejecución de políticas, programas y acciones gubernamentales. La nueva herramienta permitirá un diagnóstico integral y establecer un panorama regional que pueda guiar el trabajo de auditoría con enfoque de género.

Contra el cambio climático

Además se firmó la Declaración de Frutillar sobre el rol de EFSUR en la lucha contra el cambio climático, donde las EFS reconocieron que el cambio climático provocado por la humanidad está causando una alteración peligrosa y generalizada en la naturaleza, afectando las condiciones de vida de las personas en todo el mundo y que la Región de América Latina y el Caribe es una de las más expuestas a dichos efectos.

Los organismos se comprometieron a colaborar con las autoridades gubernamentales e instituciones del Estado para desarrollar, mejorar y desplegar capacidades normativas acordes a sus atribuciones en la implementación de políticas de fomento y preservación forestal sostenible, transparente y auditable

En línea con eso, la Asamblea  adhirió a la propuesta de la EFS de Chile para conocer la relación que existe entre la corrupción y el mal uso de recursos públicos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, vinculadas a la pérdida de bosques de los países de la región latinoamericana.