La tercera década del siglo XXI reveló, ante la pandemia del COVID-19, no solamente la alta importancia y rol del Estado en el hemisferio latinoamericano, sino también el compromiso institucional público para actuar de forma coordinada en emergencias de alto impacto, como la sanitaria.

Es indudable que aprendimos a crear condiciones que demostraron la audacia y solidaridad de las instituciones públicas para enfrentar amenazas a la vida y para actuar de manera oportuna en los cuatro puntos cardinales del continente.

Ese momento también fue crucial para revisar las implicaciones de los sectores activos de la sociedad en la adopción de nuevas estrategias, en la perspectiva de recuperar el dinamismo económico para el crecimiento y retomar los esfuerzos para alinear prioridades de la Agenda 2030 de los ODS, hacia la construcción de rutas de largo plazo para el bienestar y la reducción de desigualdades en un marco de desarrollo sostenible. 

Las organizaciones regionales de fiscalización realizaron esfuerzos excepcionales de coordinación, desde la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS).  

Hemos actuado con optimismo en ese nuevo escenario hemisférico de manera comprometida para asegurar, desde todos los ámbitos de la normativa y los estándares internacionales, un modelo de fiscalización facilitador para que transitara, con celeridad y sin obstáculos, la ayuda y los servicios estatales del continente.

Es importante destacar que el inicio de esta tercera década fue matizado, simultáneamente, de dos grandes decisiones hemisféricas de los entes regionales: por un lado, la aprobación de la Política Regional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción, de OCCEFS en la LXV Asamblea Ordinaria en ciudad de Guatemala.

Por otra parte, la aprobación del marco general de la Política Anticorrupción, de OLACEFS, que fue elaborada y presentada por la CTCT Chile en marzo pasado, en un esfuerzo latinoamericano que confirmó la excepcional contribución de las EFS del continente para avanzar en una sola línea y en un esfuerzo en común.

Es notable el nuevo escenario de coordinación hemisférica emprendida por el doctor Camilo Benítez Aldana, presidente de OLACEFS y contralor general de la República del Paraguay, junto al doctor Roberto Antonio Anzora Quiroz, presidente de OCCEFS, y magistrado presidente de la Corte de Cuentas de El Salvador, en el que coinciden en una Latinoamérica unida hacia la prosperidad continental.   

En ese marco, la EFS de Guatemala en la gestión 2022-2026, ha creado las bases para desplegar desde los ecos continentales un nuevo optimismo hacia el enfoque de fiscalización basada en prevención y confianza.

Esta etapa será decisiva para sentar las bases estructurales hacia la creación de condiciones administrativas y técnicas que eviten la fuga de recursos públicos. El enfoque previene desde sus orígenes todos aquellos procedimientos al margen del radar del control fiscal y anticipará bajo criterios de prevención, la opacidad institucional. Igualmente, articulará de manera gradual puentes de comunicación e información que permitirán construir confianza ciudadana.

El nuevo marco de gestión no solamente es un reto, sino también un desafío para transformar modelos de fiscalización que anticipa riesgos y abren perspectivas para construir la prosperidad ciudadana.