La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) tiene la función de fortalecer la transparencia y promover la participación ciudadana.

La Ley de Acceso a la información Pública, la Protección de Datos Personales y el Registro Nacional No Llame son legislaciones que la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) tiene a su cargo. ¿Cómo se controla el cumplimiento de las políticas de transparencia enmarcadas en la Ley?

Como órgano rector y autoridad de aplicación, el organismo apunta al fortalecimiento de las políticas de transparencia y mecanismos de participación ciudadana. Dentro de la Agencia, la dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia que realiza las acciones y dicta las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias necesarias para su ejecución tendientes a fortalecer las capacidades de los organismos del poder ejecutivo nacional para la apertura y puesta a disposición de información. Al mismo tiempo, establece los mecanismos adecuados para el control y la evaluación del acceso.

“Se monitorean los compromisos de la transparencia de todos los organismos mientras se elabora una revisión de la metodología vigente”, especificó Carpinacci.

“La Agencia monitorea los compromisos de transparencia de los organismos públicos, al mismo tiempo que se realiza un proceso de revisión en la metodología vigente”, especificó Luciana Carpinacci, directora nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia en diálogo con El Auditor.info sobre los compromisos del sector.

Respecto a qué tipo de información les interesa a los ciudadanos, Carpinacci especifica que en promedio son cuestiones vinculadas con los procesos de trabajo en la administración pública, presupuesto, declaraciones juradas y compras/contrataciones.

De acuerdo a la ley, los organismos deben facilitar la búsqueda por medio de su portal web de forma clara, estructurada y entendible para que quien lo requiera no tenga barreras que obstaculicen el acceso a la información pública. En su estrategia de monitoreo los puntos que la Agencia releva se encuentran los procedimientos para solicitudes de acceso, las autoridades y el personal, las designaciones de funcionarios, las planillas del personal, la escala salarial, las declaraciones juradas, compras y contrataciones, el presupuesto, las transferencias y auditorías.

Sobre la elaboración del Plan Estratégico 2022-2026, Carpinacci especificó que fue creado para marcar los lineamientos en los próximos cinco años de gestión y que el objetivo que propone es ampliar la idea de transparencia ya que desde la Agencia “están impulsando un concepto proactivo para que los ciudadanos puedan acceder a mayor cantidad de información pública posible”.

Transparencia Activa

La Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia está compuesta integrada por un área de Transparencia Activa a cargo de Catalina Byrne, en donde regulan la manera de ejecutar la Ley de Acceso y cumplimentar con las obligaciones de transparencia que estipula la Ley de Acceso.

“Lo que nosotros hacemos desde nuestro lugar como órgano de control - rector de políticas de transparencia es monitorear ese nivel de cumplimiento”, especificó Byrne, en conversación con ElAuditor.info y, además, detalló que el Índice de Transparencia Activa (ITA) su sector “es un termómetro que dictamina el índice de cumplimientoparametro que permite identificar para detectar las brechas y poder asistir a los organismos”.

“Lo que nosotros hacemos desde nuestro lugar como órgano de control rector de políticas de transparencia es monitorear el nivel de cumplimiento", definió Byrne.

Al mismo tiempo, Byrne precisó que trabajan en un portal que muestre la información sobre las políticas o resultados, pero también que facilite y explique de manera pedagógica el significado del derecho de acceso a la información: cómo se puede ejercer, qué beneficios trae, cómo acceder a la información.

El sector genera un trabajo articulado con la Dirección Nacional de Políticas de Acceso a la Información, a cargo de Lorena Salin, que se encarga de instrumentar el cumplimiento y tiene la gestión de los reclamos que se reciben respecto a las solicitudes presentadas. "Actualmente se están empleando una nueva estrategia para poder monitorear las solicitudes que llegan a los distintos organismos", comentó Byrne en referencia a la nueva modalidad de controlar las solicitudes que llegan a los distintos organismos.

En referencia a la brecha digital, la institución la contempla como un desafío ya que no pueden dar por sentado que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet, por lo que especifican que “sigue habiendo otros mecanismos para pedir información”.

Participación Ciudadana

Además de Transparencia Activa, en la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia existe un área de Evaluación y Participación Ciudadana, a cargo de Emiliano Arena, que se encarga de elaborar estrategias que contribuyan a una mejor interacción entre las personas con el Estado.

“Las relaciones entre estos dos sujetos requieren de un insumo clave que es la información disponibilizada de una forma accesible para que sea útil a la hora de ejercer los derechos”, definió Arena.

“El insumo clave para la interacción entre la ciudadanía y el Estado es la información disponibilizada”, definió Arena.

Desde el área confeccionan estrategias para contribuir a una mayor interacción entre la sociedad y el Estado “buscando generar conocimiento, trabajar difundiendo lo existente y ampliando información que acerque a la ciudadanía".

La dirección de Evaluación y Participación Ciudadana contribuye a pensar políticas de participación, con perspectiva de accesibilidad, que a la vez amplíen el alcance del derecho de acceso a la información así como también procura proveer evidencia para construir políticas públicas con un enfoque transversal de la transparencia.