¿Qué sucede con la basura electrónica?

Computadoras, celulares, pantallas y hasta pilas suelen acumularse en distintos cajones de los hogares cuando caen en desuso. Aunque comúnmente sean llamados “basura electrónica”, formalmente son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) y muchos de los elementos que los componen son reutilizables. Estos objetos al ser considerados residuos sólidos urbanos deben contar con su debido tratamiento y, sin embargo, es habitual que la ciudadanía no sepa cómo tratarlos correctamente. 

Si bien hay varias definiciones al respecto, Greta Liz Clinckspoor, investigadora del Instituto del Hábitat y el Ambiente, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, explica que los RAEES son “un sistema complejo de componentes, subconjuntos y consumibles”, que han sido descartados por sus propietarios como residuos sin la intención del re-uso. Según Clinckspoor, esta definición incluye necesariamente al generador de residuo, la persona que lo usó, y además entiende que el momento en que ese aparato pasa a ser un residuo es una decisión que depende de muchos factores.

La cifra de RAEES a gestionar en Argentina ronda el 3% de los Residuos Sólidos Urbanos totales. Según el Manual de “Gestión integral de RAEES” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a nivel mundial, el consumo de aparatos electrónicos y eléctricos aumenta a razón de 2,5 millones de toneladas por año. Estas estadísticas suelen registrarse por el peso de los objetos pero el manual advierte que si se considerara el número de equipos descartados se vería que el aumento es aún mayor, dado que con la innovación tecnológica los aparatos son cada vez más livianos. 

Si bien existe un circuito para procesar productos como plásticos, vidrios, papel y cartón, poco se sabe de qué sucede en el caso de los componentes de los residuos electrónicos que pueden contener materiales recuperables con alto valor de mercado y que a su vez contienen sustancias que pueden ser peligrosas para la salud y el medio ambiente.

Según Clinckspoor, este tipo de objetos tienen cuatro destinos posibles una vez que finaliza su uso: la primera es que se acumule en hogares, organismos u oficinas, donde permanecen durante años, debido a la falta de claridad sobre su valor o cómo desecharlos correctamente. Otra vía de descarte de los RAEES es el depósito en una bolsa común con el resto de los residuos sólidos urbanos. En estos casos, al ser transportados hasta el relleno sanitario es común que se rompan muchos equipos, que luego son rescatados habitantes de la zona mediante prácticas perjudiciales para su salud y la de sus familias. La tercera opción es sacarlos a la vía pública para que sean recogidos por recuperadores urbanos, habitualmente conocidos como cartoneros. La cuarta y última vía es el traslado hasta una empresa de recuperación que se encargue de manera específica. Si bien las mismas reciben grandes cantidades de residuos electrónicos, estos provienen de campañas concretas, autogestionadas en algunas escuelas, o de distintos gobiernos locales o municipios.

A nivel nacional no hay una ley que contemple específicamente el tratado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

El desconocimiento está vinculado con la falta de políticas públicas claras para tratar estos residuos. A nivel nacional no hay ninguna ley que contemple específicamente el tratado de los RAEES. Se entiende que los mismos entran dentro de la ley 24.051 de residuos peligrosos, sancionada en 1991. Sin embargo, la misma excluye a los residuos domiciliarios.

Por otro lado, hay algunos gobiernos provinciales que intentan implementar un circuito específico para este tipo de basura. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires, en donde los RAEES se encuentran regulados por  la Ley 11.720 de 1997, que los designa como residuos especiales, y la Ley 14.321 de 2011, destinada a la Gestión Sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. En 2008 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionó la ley 2807 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para tratar de manera ambientalmente adecuada los aparatos electrónicos del Poder Ejecutivo local que hayan sido dados de baja patrimonial. 

Sin embargo, el encuadre nacional de la basura electrónica dentro de los residuos peligrosos tiene consecuencias graves. Una de las principales es que sólo el 3 % de los componentes de los RAEES entran dentro de los componentes denominados peligrosos por ley, impidiendo que el 97 % restante pueda ser valorizado. Según Clinckspoor, Argentina no cuenta con la tecnología para poder extraer o recuperar los materiales valiosos de ese tipo de subcomponentes, como los circuitos impresos o las plaquetas. “Las empresas formales de revalorización de circuitos electrónicos exportan esos componentes a Europa. Lo grave es que para que puedan sacar del país este material tienen que hacer un montón de trámites a nivel nacional que son incongruentes con cómo se contempla, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, ya que unos los consideran residuos peligrosos y otros residuos especiales”. 

Esta deficiencia en la legislación específica no sólo resulta desventajosa a nivel económico, sino que además trae otros problemas, como la falta de capacitación en los actores que se encargan de dicho reciclaje. Es que si bien en Argentina hay plantas que tratan este tipo de residuos con protocolos adecuados, buena parte de los mismos son tratados por recuperadores urbanos que generalmente los recogen de la vía pública o de instituciones que los donan, y no toman las medidas de seguridad para controlar el impacto ambiental y en su propia salud.

Según Clinckspoor, cuando se piensa en los actores involucrados que deberían integrarse en la normativa de RAEES también deben incluirse a los controladores de Aduana o los técnicos que verifican el ingreso de los productos al país. “Uno de los problemas que se tiene en el pos consumo a la hora de valorizar los residuos electrónicos es que no se pueden identificar los materiales que aparecen porque al producirse en otros lugares del mundo, no hay etiquetados que especifiquen qué materiales o componentes tienen, tanto los tóxicos como los valorizables”, argumenta la investigadora. En este mismo sentido, para pensar en una norma que contemple la complejidad del asunto, Clinckspoor insta a pensar en la responsabilidad extendida del productor (REP) para que quien produce o ingrese ese producto al país informe de las cualidades tóxicas o los impactos en la salud o el medio ambiente que tienen los componentes de los aparatos electrónicos, y si son recuperables. 

Una futura norma debe tener en cuenta el impacto físico y garantizar la protección de la información

Por último, hay otra cuestión que deja el vacío de legislación y es el desconocimiento absoluto respecto a qué hacer con estos objetos una vez que entran en desuso. “Muchos estudios hablan de residuos electrónicos históricos que son los que están acoplados. Cualquier persona con la que uno hable seguro tiene un cajón o un lugar donde guarda cables, mousse o auriculares que no usan. Hicimos un estudio en la Universidad de Mar del Plata y el 46% de la gente no se deshace de sus aparatos, por distintas razones: porque creen que tienen información valiosa dentro o porque creen que son valorizables pero no saben qué hacer”, explica Clinckspoor.

El tema se pone aún más complejo cuando se entiende que los residuos electrónicos comprenden cantidad de información inmaterial muy valiosa, almacenada en teléfonos, computadoras o tablets, razón por la cual muchos usuarios deciden guardar indeterminadamente sus desechos tecnológicos. En este sentido, una futura norma no debe solo avanzar sobre el impacto físico sino también en garantizar la protección de la información.

Visto este panorama, Clinckspoor concluye que actualmente la opción más adecuada y responsable desde el punto de vista del generador es buscar si en su localidad o en alguna ciudad cercana hay alguna empresa o lugar que tome estos residuos electrónicos y acercarlos, dado que no hay listados exhaustivos.

En el caso de CABA, se pueden acercar los RAEES a los puntos verdes de la ciudad. Por otro lado, la Agencia de Protección Ambiental tiene convenios con distintas empresas y las instituciones públicas o privadas pueden acudir a alguno de estos puntos

•  Scrap y Rezagos TEL: 4139-8229 e-mail: [email protected]

•  Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad TEL: 4919-3226 e-mail: [email protected]

•  Centro Basura Cero TEL: 4605-5672 // 4604-0335 e-mail: [email protected]

•  Gestión Ambiental TEL.: 4251-4471 // CEL.: 15-4186-1539

En otras provincias, en el ámbito de las empresas privadas, las más grandes del país y con más trayectoria son Silkers S.A. e Industrias Dalafer S.A., ubicadas en el Parque Industrial Tecnológico de Quilmes. Existen también algunas empresas más pequeñas como Desechos Tecnológicos SRL en Mar del Plata, u Oikoscrap S.A.en el Parque Industrial de Quilmes; en Córdoba las empresas Progeas Argentina SA y Protea SA; Ecotech SRL en San Lorenzo, provincia de Santa Fe; y Reciclarg SA en la provincia de Mendoza. En el ámbito de la Economía Social y Solidaria, en Rosario, Santa Fe, la Asociación Civil Nodo Tau puso en marcha una Planta de Gestión de Residuos Informáticos que funciona desde abril de 2019, destinada a la formación y creación de empleo en el sector juvenil. Se dedica al reciclado y a la reutilización de equipos para la venta y la donación a organizaciones sociales. En tanto que en el sector no lucrativo, algunas instituciones se enfocan en objetivos sociales, como reducir la brecha digital, Fundación Equidad y Asociación María de las Cárceles, en CABA.