Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido, una fecha para concientizar sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas por parte de los Estados. En el mundo, pese a la vasta legislación que hay sobre el tema, se registran aún hoy víctimas de desaparición forzada en procesos de transición y de democracia.

"La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos".

A través de una iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), la fecha fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en Ginebra, Suiza, el 29 de junio de 2006. Un año después, Argentina adhirió a la conmemoración mediante la ley 26.298 como una respuesta también a la lucha de organismos de derechos humanos contra toda forma de autoritarismo y de acciones catalogadas como crimenes de lesa humanidad por parte de la OEA y la ONU. 

"La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”, señala el documento de la Organización de las Naciones Unidas. 

La incertidumbre de no saber el paradero de las víctimas es destructivo y tortuoso para quienes buscan a familiares y amigos. La última dictadura militar argentina fue el capítulo más oscuro en la historia del país, pero regímenes anteriores también le arrebataron la vida a otros cientos de luchadores y dirigentes, y todavía se registran casos en democracia como no saber aún hoy dónde está Julio López.

"En este Día del detenido-desaparecido, todos podemos ser López. ¡30 y pico mil presentes!", posteó en sus redes sociales Rubén López, el hijo del albañil sobreviviente de un secuestro durante la dictadura cívico militar y que desapareció tras declarar contra el fallecido genocida Miguel Etchecolatz. 

No hay mañana sin ayer

Recuperar la memoria y trabajar en la restitución de derechos es contribuir a que nunca más haya que lamentar crímenes de lesa humanidad y estar más cerca de ser una sociedad justa. Muchas iniciativas se llevan adelante en el país en este sentido y una de ellas es la que encabeza la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad que se encarga de recuperar los expedientes de empleados de organismos públicos o privados que fueron víctimas del Terrorismo de Estado desde el 16 de junio de 1955 hasta la vuelta de la democracia en 1983. 

La oficina donde funciona la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad.
La oficina donde funciona la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad.

La tarea central de la Comisión es revisar los legajos de trabajadoras y trabajadores desaparecidos tanto de la Administración Pública Nacional como de empresas privadas. Esas bajas quedaron registradas en los legajos que fueron consecuencia de ausentismos, renuncias forzadas, despidos con justa causa, disfrazando así las verdaderas razones. El objetivo es que los archivos dejen de invisibilizar la realidad y se denuncie que son detenidos desaparecidos.

"Con cada legajo reparado, fortalecemos la memoria colectiva", sostiene la diputada nacional con mandato cumplido Carla Pitiot.

En diciembre del año pasado, el Congreso aprobó la Ley 27.656, cuyo proyecto fue presentado dos años antes por la diputada nacional con mandato cumplido y dirigente de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), Carla Pitiot. Con la normativa se amplió la recuperación de legajos al sector privado, un derecho que hasta entonces sólo estaba respaldado para el ámbito público.

“La presentación del proyecto y su acompañamiento hasta su sanción fue un trabajo en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT y el impulso de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad”, recuerda Pitiot.

Para la diputada MC, “el legajo laboral de cada trabajador y trabajadora es parte esencial de su hoja de vida; y como tal debe consignar la verdad histórica. Por eso, con cada legajo reparado, fortalecemos la memoria colectiva que reivindica la lucha sindical y la democracia expresada en el ejercicio de los derechos de cada trabajador”.