La Oficina Anticorrupción (OA) presentó su informe de gestión semestral 2022. El documento exhibió las principales actividades desarrolladas en el organismo durante los primeros seis meses del año. Se destacó el impulso del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE); así como también la presentación del Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública, entre los principales trabajos realizados.

RITE

El Registro de Integridad y Transparencia en las Empresas y Entidades fue creado por la OA junto con el apoyo del BID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de mejorar los programas de integridad, las buenas prácticas y promover la transparencia en los negocios y mercados. Está pensado para empresas, entidades sin fines de lucro, cooperativas principalmente, pero también para organismos públicos del país. En el RITE, las empresas podrán registrarse, subir la información solicitada, ver los niveles de cumplimiento en materia de transparencia que están teniendo, evaluar la madurez del programa y consultar las presentaciones de otras firmas.

En detalle, durante el primer semestre de 2022, se concretó la aprobación de los formularios del registro sobre programas de integridad y debida diligencia. Además, se publicó el Portal RITE, un espacio digital con información, documentos y recursos para acompañar a las organizaciones en el desarrollo de programas de integridad, como paso previo a la puesta en marcha del registro.

Ley de Integridad y Ética Pública

La nueva ley contribuirá a la profundización de la prevención, la cultura de la integridad, la transparencia y la consolidación de la democracia. A través de elaboración participativa de la norma, coordinada por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, se recibieron aportes, propuestas y se realizaron encuentros e instancias de intercambio con una mirada plural y federal.

El proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública incorpora cambios en el sistema de Declaraciones Juradas.

La norma tiene entre sus objetivos principales la creación del Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública, que comprende el conjunto de instituciones, mecanismos, procedimientos, principios, normas y políticas en materia de integridad y ética del Sector Público Nacional, integrado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

El impulso de este proyecto devino del análisis de la Ley 25.188 sancionada hace más de 20 años a través del cual se consideró necesario adaptar sus disposiciones a los nuevos tiempos, fenómenos y a las modernas tecnologías, procurando generar herramientas eficientes para regular la interacción entre el sector público y el sector privado.

El proyecto de ley incorpora cambios en el sistema de Declaraciones Juradas para asegurar su disponibilidad en forma completa y precisa, a la vez que se prevé un registro de personas incumplidoras.

Tweet de Of. Anticorrupción

Por otro lado, entre las principales acciones de gestión desarrolladas, el informe destacó la coordinación de espacios de trabajo interjurisdiccionales.

Asimismo, se impulsó la federalización de las políticas de integridad para promover la creación de políticas públicas vinculadas a la transparencia en el ámbito provincial y municipal, ofreciendo herramientas de capacitación y asistencia técnica; con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El documento resaltó, además, el trabajo de la OA en la asunción de la presidencia del Grupo de Trabajo Especializado en Prevención y Lucha contra la Corrupción (GEPLC) de la CELAC. Este equipo tiene como prioridad fortalecer los canales de diálogo y consenso existentes, así como también consolidar una agenda anticorrupción a nivel regional.