¿Cómo se gestionan los residuos radioactivos en Argentina?
La Auditoría General de la Nación analizó la actividad de la Comisión Nacional de Energía Atómica. A pesar de destacar su trabajo en el manejo de desechos, halló que sus planes no se actualizan conforme lo solicita la ley.
La Auditoría General de la Nación (AGN) analizó el manejo de residuos atómicos que desarrolló la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) durante la gestión 2018-2020. Más allá de la falta de actualización del plan de acción, el organismo de control destacó la labor que realiza y pidió mejoras en la comunicación para que la ciudadanía conozca sobre la importancia de este tipo de energía.
Según la Ley 25.018, la Comisión es la responsable de la gestión de los residuos radiactivos (RR) y los combustibles gastados (CG) provenientes de las actividades nucleares que se desarrollan en el país, a través del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR). Su labor consiste en el confinamiento y aislamiento por un período determinado en condiciones tales que no impliquen un riesgo radiológico inaceptable para las personas ni para el ambiente, tanto para las generaciones presentes como para las futuras.
Plan de gestión de residuos
A su vez, la CNEA tiene a su cargo la actualización del Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos (PEGRR) cada tres años, para luego ser enviado al Poder Ejecutivo Nacional quien, previa consulta a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), lo remitirá al Congreso de la Nación para su aprobación por ley. En igual sentido, se requiere la realización de un informe anual ante el Congreso con las tareas realizadas y la marcha del plan estratégico.
Los residuos que produce la industria nuclear están compuestos por sustancias inestables que decaen a lo largo del tiempo, es decir, se vuelven menos radiactivos. “Algunos elementos dejan de irradiar en minutos, horas o días mientras que otros tardan miles de años”, explica el informe de la AGN. Es por esto que se destaca que “una gestión eficaz de residuos radiactivos debe minimizar su volumen, confinarlos y aislarlos, almacenarlos y controlarlos en forma permanente para que no representen riesgos para las personas y el ambiente”.
Lo que halló la AGN es que la CNEA no cuenta con un plan estratégico actualizado (se utilizan datos de 2012), cuando tiene obligación de hacerlo cada tres años. Además no realiza una planificación anual de sus actividades por lo que se dificulta el seguimiento de sus acciones y no mantiene a su personal capacitado en temas como contingencia, evacuación y transporte de materiales radiactivos.
Poca información sobre la actividad nuclear
Para el organismo de control la energía nuclear escasea de aceptación pública, “por lo que la educación y la difusión de información científica y confiable es absolutamente necesaria”. Cuando la Auditoría analizó la gestión de la Comisión se encontró con que faltaba un plan de comunicación social y participativo, “a pesar de ser una obligación legal y un objetivo estratégico”.
Sumado a lo anterior, la falta de presentación en tiempo y forma de los informes anuales al Congreso de la Nación describiendo las tareas, actividades y avances desarrollados por la Comisión fomentan la falta de información y restan apoyos que serían importantes para el sector.
Para cerrar, la AGN destacó el monitoreo que realizaron en las instalaciones del Área de Gestión de Ezeiza (AGE) y en áreas externas a éstas, “el cual tiene como fin asegurar el nivel adecuado de protección radiológica tanto del personal como del público en general y del medioambiente”. Esto es una mejora significativa, teniendo en cuenta que en 2010 la Auditoría se refirió al mismo establecimiento asegurando que “desconoce en qué condiciones está el área de su predio donde se disponen los residuos contaminantes, ni qué tipo de deshechos se depositan allí”.
“Finalmente se puede concluir que, si bien el Programa Nacional de Gestión lleva una adecuada gestión de los residuos radiactivos, se detectan puntos de mejoras fundamentales para la gestión del mismo y para la difusión de información fidedigna que aumentaría la confianza social y ayudaría al desarrollo de esta actividad”, concluye el informe.