¿Cambió la forma de trabajar en el Estado?
Los procesos digitales, muchos consecuencia del aislamiento, cambiaron la organización del trabajo al interior de la administración y también en la gestión de reclamos, consultas y trámites con la ciudadanía.
Cada vez menos los agentes deben andar entre torres de papeles apilados en la oficina o pasar horas buscando expedientes para completar un trámite. Desde el inicio de la pandemia, la transformación digital se aceleró en todo el mundo y Argentina no fue la excepción. Debido a las restricciones a la circulación, el teletrabajo fue la manera de seguir con las tareas también en la administración pública aunque la modalidad no fue adoptada o tuvo el mismo impacto en cada una de las regiones. ¿Cómo se desarrolló en las distintas provincias? ¿Qué herramientas se incorporaron desde entonces? ¿Cómo cambió la forma de trabajar en el Estado?
Entre agosto y octubre del año pasado, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) desarrolló una encuesta en cinco Administraciones Públicas Provinciales de diferentes regiones argentinas: Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Tucumán. El objetivo fue indagar sobre las modalidades de trabajo desde el comienzo de la pandemia, la experiencia del personal directivo y sus equipos de trabajo.
Uno de los autores del informe, Demian González Chmielewski, explicó a El Auditor.info que seleccionaron esas cinco provincias en función de que el estudio “sea representativo de las distintas realidades argentinas” y dé cuenta de las semejanzas y diferencias que se registran con la área metropolitana de Buenos Aires “donde se concentra gran parte del empleo público a nivel nacional”.
“En las administraciones provinciales el trabajo remoto no fue de un 70% sino de un 55%".
Relevamientos hechos por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación y otro por CIPPEC arrojaron números similares respecto a la modalidad remota de trabajadores y trabajadoras del Estado y personal directivo durante el aislamiento que giró en torno al 70%. Sin embargo, más de la mitad de las personas que trabajan en el Estado nacional se encuentran nucleadas en el AMBA. Por su parte, las administraciones públicas provinciales tuvieron distintas realidades epidemiológicas y contextos laborales diferentes entre sí y respecto del Estado nacional.
“En las administraciones provinciales el trabajo remoto no fue de un 70% sino de un 55%. Esto se explica porque en algunos lugares se pudo mantener más la presencialidad al haber menos población concentrada, menos casos y posibilidades de contagio. Además, hubo sectores con más infraestructura tecnológica que otros, sistemas de comunicación digitales y directivos que pudieron coordinar acciones para realizar a distancia”, indica Chmielewski.
Los desafíos del teletrabajo
Entre los retos que debieron afrontar las administraciones provinciales durante el aislamiento se plantearon las dificultades para combinar el trabajo doméstico con el remunerado. En este sentido, en las provincias, la distribución de género para estos trabajos fue similar a lo acontecido en el ámbito nacional e implicó más tiempo de dedicación para mujeres que para varones.
En las administraciones provinciales, los directivos dependieron de la infraestructura tecnológica estatal como de plataformas no oficiales para las comunicaciones. En las cinco provincias que formaron parte del relevamiento se encontraron contextos desafíos y oportunidades similares. Además del trabajo remoto, se sumaron estrategias que potenciaron el vínculo con la ciudadanía y se avanzó en la digitalización de la gestión interna de las administraciones públicas.
A medida que los riesgos de contagio fueron descendiendo, fue volviendo la presencialidad. Si bien la mayoría de los agentes estatales retornaron al trabajo en las dependencias, se incorporaron nuevos procedimientos. “La pandemia funcionó como un catalizador de procesos digitales. Se potenció la vinculación del gobierno con la ciudadanía a través de la gestión de reclamos, consultas y trámites pero también al interior de la administración pública con la incorporación de plataformas digitales que permiten coordinar equipos y saltar brechas geográficas entre distritos y provincias”, sostiene el miembro de CIPPEC.
En cuanto a cuentas pendientes, Chmielewski señala que la capacitación en la administración pública sigue teniendo algunas necesidades sobre todo en lo que refiere a “comunicación, coordinación de equipo, capacidades directivas y herramientas digitales efectivas”.
La digitalización de las provincias
El Auditor.info realizó un relevamiento sobre el nivel de digitalización que hay en los organismos públicos provinciales. Se observó que no todos utilizan el modelo de gestión electrónica de Nación.
A través de un pedido de acceso a la información, hay ocho jurisdicciones con el sistema de Gestión Documental Digital (GDD) en funcionamiento: Catamarca, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Y otras siete en proceso: Jujuy, Salta, Tucumán, La Pampa, Santa Cruz, Chubut y La Rioja. En el resto no hay una unificación de los sistemas digitales de la administración pública a nivel federal. La única herramienta que comparten todas las jurisdicciones menos San Luis es la Firma Digital. También se observó que sólo dos provincias, están completamente despapelizadas: CABA y San Luis.