Libertad de expresión en línea en la región: ¿Cuáles son los desafíos?

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó un informe en el que se aborda la vigilancia masiva en línea, la moderación privada de contenidos y la proliferación de los discursos de odio en Internet. El estudio se elaboró con la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil de 15 países.

Cada vez es más el uso que se hace de las redes sociales y vías digitales para el ejercicio de la libre expresión, lo cual genera nuevos desafíos en torno a este derecho humano contemplado en el Artículo XIII de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La censura por parte de actores privados o de los Estados, la vigilancia masiva de contenidos, la desinformación y las fake news, junto a la aparición cada vez más frecuente de los discursos de odio, son algunos de los ejes sobre los cuales puso foco el informe "Libertad de expresión en línea. Desafíos, oportunidades y tendencias en América Latina". 

“La libertad de expresión es un derecho instrumental a muchos otros derechos y es tremendamente frágil, ya que cualquier tipo de relación que no se ajuste a estándares de derechos humanos, ni podamos prever sus impactos, puede generar censura de discursos legítimos en la esfera pública”, expresó Joaquín Caprarulo, coordinador de Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quienes formaron parte del informe, en comunicación con El Auditor.info.

Desde la Alianza definieron los ejes a trabajar y confeccionaron un cuestionario que respondieron 18 organizaciones de Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Uruguay, México, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Colombia y Guatemala. “La pluralidad de organizaciones y localizaciones permite tener una pintura general y diversa de lo que sucede en la región. Lo fundamental del informe es sabernos como partes de un escenario continental”, comentó Eloy Viera integrante del colectivo Más Voces de Cuba, otra de las organizaciones que forma parte de la Alianza. 

Vigilancia masiva

En el 70% de los países encontraron casos de censura directa derivados de la vigilancia masiva previa. En esta línea, el 80% de los encuestados confirmaron la adquisición por parte de sus Estados de herramientas de vigilancia y un 15% advirtió indicios de dichas prácticas en sus países. Siguiendo a Caprarulo, “hay una tendencia muy generalizada de los estados de la región independientemente de sus sesgos ideológicos y de tipos de gobiernos, a adquirir tecnología y realizar diferentes prácticas de vigilancia masiva como puede ser el ciberpatrullaje en redes sociales”.

“Lo que vimos es que es un fenómeno muy extendido en la región, es decir que la mayoría de los gobiernos de la región realizan algún tipo de actividad que podría ser identificada como vigilancia masiva. Y en algunos de esos casos hemos encontrado evidencia de que esas actividades de vigilancia se tradujeron en prácticas de censura o limitación a la libertad de expresión”, mencionó Caprarulo.

Moderación privada de contenido

Un 60% de los encuestados aseguraron que la moderación privada de contenidos está actualmente en debate en sus países o ya cuentan con avances legislativos en el tema, lo cual indica que no es una problemática que pase desapercibida para los Estados. Según el informe el rol de las grandes plataformas en esta cuestión genera cada vez más preocupación, dado que moderan los contenidos a través de algoritmos . 

“Que haya un grupo de grandes plataformas, con una gran capacidad económica, que se asientan fuera de la región, es un tema que preocupa a especialistas y activistas por el rol que tienen en el debate público y la calidad de debate democrático. Este es un debate incipiente, pero que en los próximos años será un tema central en la agenda de muchos países de la región ya que son cada vez más los actores locales que advierten este rol de árbitro que juegan estas grandes plataformas en las discusiones en Internet”, aseveró el integrante de ACIJ.  

Hasta ahora son escasos los casos judicializados en la región aun cuando en la mayoría de los países la moderación privada de contenidos derivó en restricciones a cuentas en redes sociales tanto de personas como de instituciones públicas. 

Desinformación y discursos de odio

Con el relevamiento pudieron identificar casos de prácticas de desinformación por parte de actores públicos y privados en 12 de los 15 países que formaron parte del estudio. En cuanto a los discursos de odio, en 14 de los 15 países analizados, las organizaciones participantes señalaron como habituales estas prácticas y en 12 afirmaron que es un tema presente en las discusiones públicas de sus países. Asimismo, las organizaciones de 12 países identificaron casos donde el Estado intervino para limitar o censurar estas expresiones de desinformación o discursos de odio.

Para Caprarulo, la problemática tiene muchas complejidades. “En algunos casos el impacto de los discursos de odio y de la desinformación han sido funcionales a la vocación de Estados de limitar cierto tipo de expresiones en líneas consideradas disidentes y es un gran desafío en materia regulatoria”, sostuvo. Además consideró que  todavía existe poca claridad sobre cómo avanzar en el tema para mejorar la calidad del debate público sin llegar a la censura: “Algunos Estados avanzaron en legislaciones y políticas censurando discursos muchas veces de activistas, periodistas o políticos opositores”, explicó. 

Por su parte, Viera consideró que el informe demuestra que forman parte de "un contexto en el que mayoritariamente tenemos problemáticas comunes” y los discursos de odio es uno de esos problemas que se utilizan para desacreditar expresiones y criterios de terceras personas. “Hay un tema importante que es la participación de las entidades privadas en el control de esos discursos de odio o en su expansión porque la capacidad que tienen esas entidades privadas de controlar las expresiones en sus plataformas conduce a influenciar el debate público hacia una zona determinada. Esto es muy propio de la región pero probablemente en el mundo también”, remarcó Viera.

“Lo fundamental de este informe es que nos ofrece señales de cuestiones que no debemos normalizar. Hemos normalizado discursos que tienen que ver con seguridad nacional, criterios para justificar la vigilancia masiva de los contenidos que se comparten a través de las redes sociales. Esto se generalizó y es contraria a la libertad de expresión. A veces preferimos usar las redes sociales asumiendo algunas conductas como normales, como la vigilancia, la censura privada. Sin embargo, estos son riesgos que, de no controlarse, a la larga terminarán imponiendo un criterio sobre otro, perjudicando la libertad de expresión en línea”, reflexionó Viera.

La situación en Cuba

Cuba fue uno de los últimos países en tener acceso a Internet. En 2018 el gobierno autorizó la conexión en los teléfonos móviles. Desde entonces, siguiendo a Viera, el proceso fue acelerado “pero esto no evitó que el Estado desarrolle mecanismos para intentar controlar lo que la gente dice en el espacio digital”. Si bien la virtualidad permitió a los ciudadanos expresarse e intercambiar ideas, “el gobierno creó mecanismos para controlar lo que sucede en las redes sociales e instrumentos jurídicos para coaccionar”, agregó. 

Ejemplo de ello son el Decreto Ley 35 que busca castigar los contenidos críticos, lo que las autoridades consideren como noticias falsas y discursos que inciten a manifestaciones; y el Decreto Ley 370 que prohíbe la difusión de información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.

“Para determinar la multa tienen que haber estructuras gubernamentales al pendiente de lo que la gente dice en las redes sociales, esto significa que en Cuba está institucionalizada la vigilancia masiva de los criterios de la gente en línea. No son mecanismos que se reproducen desde la oscuridad, son mecanismos reconocidos por el estado, legitimados y puestos en una norma jurídica como algo perfectamente normal y eso me parece un atentado mayúsculo a la libertad de expresión y a cualquier estándar internacional que tenga que ver con el asunto”, alertó Viera.