Edesur: cómo reclamar un resarcimiento económico tras los cortes de luz
La empresa fue nuevamente sancionada por el Estado y deberá recompensar a miles de usuarios afectados por las fallas en febrero. ¿Cuál es la situación de los electrodependientes?
Tras los cortes de luz que afectaron a miles de usuarios, el Gobierno multó a la distribuidora eléctrica Edesur por $1.000 millones. La sanción corresponde a las fallas registradas durante febrero. Además se determinó el establecimiento de una veeduría y la devolución de la totalidad de la factura del último mes a los clientes afectados por interrupciones superiores al promedio establecido en el contrato.
Además, el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) establece que los usuarios pueden recibir un resarcimiento económico frente al daño de artefactos eléctricos por las oscilaciones en la tensión de la electricidad o la suspensión del suministro. Para ello, es fundamental realizar primero la denuncia a la distribuidora (Edesur o Edenor) y luego iniciar el trámite en el organismo oficial.
¿Qué se necesita para realizar el trámite?
- Fotocopia de última factura paga.
- Comprobante de reclamo realizado ante la distribuidora.
- Completar el formulario de reclamo por daños.
- Presupuesto o factura de reparaciones originales.
El reclamo se puede hacer por teléfono, al 0800-333-3000; de forma presencial en la sede del ENRE ubicada en Suipacha 615, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 16:30 horas, o por Internet completando el formulario en línea.
El Ente también establece que a los usuarios que sufren cortes del suministro eléctrico prolongado, más de 36 horas, o cuatro cortes o más en un mismo mes, la empresa distribuidora del servicio debe efectuarle un reintegro por la energía no suministrada.
¿Cuál es la situación de los electrodependientes?
En 2017 se sancionó la Ley 27.351 de Electrodependientes. La normativa considera así a aquellas personas que necesitan un suministro de energía eléctrica constante y en niveles de tensión adecuados para el funcionamiento del equipamiento que necesitan para evitar riesgos en su vida o su salud. En el primer año de aplicación, la Auditoría General de la Nación realizó un informe en el que se revela la falta de un área específica que controle la correcta aplicación de la ley.
En el marco de reiterados cortes de suministro eléctrico, El Auditor.info se comunicó con la Asociación Argentina de Electrodependientes (AADED), para conocer cómo es la situación hoy. “Recibimos entre 20 y 30 pedidos de ayuda por día, entre mensajes y llamados”, explicó Leticia Escalante, secretaria de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AADED)
Según explicó Escalante, desde la organización hicieron las denuncias de varios casos que recibieron tanto al ENRE como a las empresas distribuidoras, "pero fueron muy pocos los que se tradujeron en reconexiones o achicaron los tiempos de cuadrilla para que tengan prioridad”.
En peligro de vida
Los reiterados cortes de suministro atentan directamente con la vida de las personas que precisan estar conectadas para poder vivir. Algunas a un respirador, otras a un concentrador de oxígeno o bombas de alimentación. Dependiendo de la complejidad tienen un margen mayor o menor, pero más allá de poner en riesgo la vida como caso extremo, también repercute en su salud.
Si bien la Ley establece la gratuidad del servicio para las familias electrodependientes, y la obligatoriedad para las empresas distribuidoras de energía de entregar una fuente de energía alternativa, “la realidad es que fue mal reglamentada por la gestión anterior del ENRE y son muy pocas las familias que la pudieron obtener”, críticó Escalante.
"Ya no necesitamos tantas respuestas sino más bien hechos concretos”.
“Luego de la sanción, los inscriptos en el registro tienen la gratuidad del servicio, lo cual mejora la condición del hogar, pueden disponer de ese dinero para mejorar la calidad de vida de la persona a cargo”, sostuvo. Además, la sanción de la norma visibilizó la problemática y permitió que se intenten generar mecanismos, protocolos desde Defensa Civil e insertar la temática en la agenda pública.
“Tenemos la posibilidad de dialogar con el Estado, todos los organismos intervinientes nos reciben y muestran predisposición. Pero necesitamos que se genere una agenda de trabajo, que se vean los mecanismos legales para obligar a las empresas a que cumplan con la Ley”, manifestó Escalante
La respuesta de las empresas es automática, la misma que reciben la mayoría de los usuarios, que se está trabajando en la zona, que darán prioridad. “Las respuestas, reuniones y mesas de trabajo se agotan cuando no tienen un impacto real. Ya no necesitamos tantas respuestas sino más bien hechos concretos”, finalizó la secretaria de AADED.