A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el gobierno nacional eliminó el registro que le permitía al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) agilizar los reclamos y garantizar una respuesta rápida de las distribuidoras eléctricas a las personas que requieran de un suministro eléctrico, y en niveles de tensión adecuados, para el funcionamiento de su equipamiento médico para evitar riesgos en su vida o su salud.

La Ley 27.351, aprobada en 2017, garantiza el suministro permanente y gratuito de energía eléctrica a las personas electrodependientes, debido a que la falta del servicio puede ocasionarles problemas graves e incluso poner en riesgo la vida de alguno de sus integrantes.

La primera de las nuevas resoluciones establecidas por el Ejecutivo, la 329/2024, establece que las empresas distribuidoras de electricidad tendrán más tiempo para responder a las denuncias de falta de suministro eléctrico. Previamente disponían de 48 horas para resolver el problema y ahora tendrán hasta dos días hábiles. 

“Para los que crean que dos días más no es mucho, los invito a que dejen de respirar 48 horas para que lo comprueben”.

“Es una resolución pensada a medida de las empresas, que siempre dijeron que los días no hábiles tienen poco personal. Si ahora pedís que se restablezca el servicio un viernes, tendrás que esperar hasta el martes. Para los que crean que dos días más no es mucho, los invito a que dejen de respirar 48 horas para que lo comprueben”, denunció Mauro Stefanizzi, presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAED). 

Por otro lado, la Resolución 330/2024, deroga disposiciones anteriores que otorgaban visibilidad y prioridad a los hogares electrodependientes. También les brinda a las distribuidoras hasta 30 días hábiles para adecuar y disponer la conexión a una Fuente Alternativa de Energía (FAE), anteriormente la entrega de las FAE debía ser de forma inmediata para los inscriptos en el registro de electrodependientes. 

Además, se limitará el financiamiento a las familias para la obra de readecuación eléctrica. “Por resolución, para solicitar la FAE, se debe presentar un certificado de conformidad de instalación interna (DCI) otorgado por un electricista matriculado. Más allá del valor del DCI, esto se traduce en obras de readecuación internas eléctricas, que tienen costos muy elevados entre 300 y 500 mil pesos. Al limitar el financiamiento de estas obras, sólo a los que no superan la línea de la pobreza, representa una barrera para el resto, un derecho que se encuentra limitado por la condición socioeconómica, cuando está establecido por Ley Nacional (27.351)”, explicó Stefanizzi. 

“Se retira el Estado de su rol de receptor, intermediario y controlador. A partir del nuevo procedimiento, los que no superen la línea de la pobreza tendrán que pedirla directamente a la empresa en vez de pedirla al ENRE. El Estado se retira por completo. Una empresa privada no puede tener la potestad de decidir a quién se financia una obra o a quién no”, argumentó el presidente de la AAED.

Por último, Stefanizzi explicó que se eliminó la mesa de control de aplicación y seguimiento de las obras, que funcionaba con un representante de cada empresa, uno del ENRE y uno de la asociación. “Si se les otorga el poder de decidir todo, más se tienen que controlar. Pero van a contramano”, finalizó. 

¿Qué dice la Auditoría?

La Auditoría General de la Nación (AGN) evaluó el primer año de implementación de la Ley 27.351 de Electrodependientes. El periodo auditado abarca desde la sanción de la ley, el 17 de mayo de 2017, hasta diciembre de 2018, aunque también se incluyen todas las acciones que existieron mientras la AGN realizaba sus tareas de campo, octubre de 2018 a febrero de 2020. 

Entre los hallazgos más destacados está la falta de un área específica que pueda controlar la correcta aplicación de la ley vinculadas con el tratamiento y análisis de las cuestiones que afectan a los usuarios electrodependientes, lo que impide que el ENRE resuelva de manera eficiente los conflictos que se generan con las distribuidoras. Además encontraron inconsistencias en la base de datos de usuarios electrodependientes y la dificultad de acceso a las fuentes alternativas de energía.