Transparencia Internacional presentó como cada año su Índice de Percepción de la Corrupción, correspondiente al 2023. El IPC clasifica según los niveles percibidos de corrupción en el sector público, con puntajes de 0, altamente corrupto, a 100, muy poco corrupto.

El informe muestra que Argentina logró 37 puntos sobre 100 posibles, terminando por debajo del promedio mundial (43 puntos) y descendiendo un punto con respecto al año anterior. También retrocedió 4 puestos en el ranking en comparación al 2022, ubicándose en el puesto 98 sobre el total de 180 países. 

Son las clasificaciones más bajas para el país desde 2016

El índice 2023 está encabezado por Dinamarca por sexto año consecutivo, con 90 puntos, seguido por Finlandia (87) y Nueva Zelanda (85). La última posición la ocupa Somalia con 11 puntos, seguido por Venezuela (13), Siria (13), Sudán del Sur (13) y Yemen (16). 

El promedio global se mantiene en 43 puntos desde hace 12 años. En 2023, 122 países obtuvieron una puntuación menor a 50. El índice advierte que los países lograron mínimos o nulos avances en el combate a la corrupción en el sector público. 

A nivel continental, Europa Occidental y la Unión Europea siguen siendo la región con mayor puntaje, aunque su promedio cayó a 65 puntos. África subsahariana mantiene el promedio más bajo (33). En América, el promedio es de 43 puntos; el índice argumenta que los principales problemas son la falta de independencia judicial y un estado de derecho débil. 

¿Cómo mide la corrupción el IPC?

El IPC clasifica a los países según los niveles percibidos de corrupción en el sector público, con puntajes de 0, altamente corrupto, a 100, muy poco corrupto. Esta puntuación se calcula a partir de tres fuentes que son tomadas de trece estudios y evaluaciones. Las fuentes de datos provienen de instituciones como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial. 

Casos de sobornos, malversación de fondos públicos, capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público, excesiva burocracia, nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos, acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y legislación que garantice la transparencia en las declaraciones de finanzas personales, son algunas de las manifestaciones de corrupción que se tienen en cuenta en el análisis.