La AGN no está sola para mejorar la gestión pública

Desde 2002 las organizaciones de la sociedad civil le proponen a la Auditoría General de la Nación (AGN) temas para ser auditados. La mayor cantidad de pedidos se dio entre 2017 y 2018, en tanto en 2012 fue cuando menos hubo.

“El balance sobre la implementación de la política sobre participación ciudadana en la AGN fue positivo” afirma un informe realizado en conjunto por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el especialista Marcos Mendiburu que examina la relación entre las dos partes durante el período 2002 - 2018. 

El contacto entre ambos sectores surgió cuando la AMIA, el departamento sobre discapacidad de la Central del Trabajo Argentina y el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad tomaron conocimiento de una auditoría integral sobre el sistema ferroviario y entonces se acercaron al órgano de control para solicitar la incorporación de la temática sobre la accesibilidad de personas con discapacidad en el transporte público.

Ahora bien, ¿cómo llegan las ONG a colaborar con la Auditoría? El ente fiscalizador se rige por un plan de acción anual que es propuesto por el Colegio de Auditores y acordado con la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Poder Legislativo.

La cantidad de propuestas de auditorías efectuadas por la sociedad civil fue incrementando a lo largo de los años.

Ese trabajo consiste en una muestra de organismos y programas sujetos a auditoría conforme a criterios de “materialidad”, es decir, la importancia en función del contexto y la magnitud del impacto; y de riesgo (puntos críticos existentes). Asimismo, el ente considera las obligaciones legales, los compromisos contraídos y los requerimientos de Congreso Nacional, y los insumos de la planificación participativa del año previo.

Según ACIJ, “la repercusión generada en torno a la primera experiencia llevó a que otras organizaciones que trabajan temáticas de ambiente, gobernabilidad y defensa del consumidor se acercaran con pedidos a la AGN, planteándole algunos desafíos y cierto desorden”. 

Por un lado, varias solicitudes llegaban de manera extemporánea sin adecuarse a los plazos de la programación de auditorías; por otra parte, se establecían contactos con funcionarios específicos de forma informal, por lo cual se tramitaban de diferente manera al interior de la institución; y por último, algunos pedidos se vinculaban con cuestiones que estaban fuera de la competencia de la institución.

“La participación ciudadana en el control no es una cuestión reciente. Diversas resoluciones de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) desde fines del siglo pasado reconocieron su valor agregado para la fiscalización estatal“, explicaron desde la ONG.

La cantidad de propuestas de auditorías efectuadas por la sociedad civil fue incrementando a lo largo de los años. Tanto es así que entre 2010 y 2018 formaron parte del Programa de Planificación Participativa un total de 45 ONG a través de 95 participaciones registradas.

Entre ellas se destacan ACIJ con 42 intervenciones y FARN con 37. El Centro Desarrollo y Pesca Sustentable registró 21 actuaciones; la Unión de Consumidores Argentinos y la Asociación Argentina de Padres de Autistas, 14 cada una; mientras que la Asociación Vecinos de la Boca participó 13 veces y CIPPEC y la Unión de Usuarios y Consumidores lo hicieron 11 veces respectivamente.

“El organismo expandió su capital social, se mostró más sensible o permeable a las demandas sociales, siendo más receptivo a temáticas de relevancia pública”, indicaron desde ACIJ y agregaron que “la AGN logró fomentar una práctica exitosa de colaboración en un contexto políticamente difícil y salió airosa y fortalecida”.