El Estado cuenta con un programa específico destinado a mitigar el impacto de la actividad minera, tanto en el ambiente como sobre la salud de la ciudadanía. Se llama Geamin (Gestión Ambiental Minera) y, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), a pesar de su propósito, las metas que persigue “no fueron cumplidas” e, incluso, sus “acciones no fueron suficientes a fin de minimizar los riesgos potenciales (del manejo) de sustancias y/o residuos industriales” en todas sus etapas.

Tanto es así, que hasta se llevaron adelante tareas sin evaluar los peligros toxicológicos sobre la población, “en particular, la infantil”.  

La AGN obtuvo estos hallazgos tras analizar el caso de un operativo de remediación ambiental ejecutado en las áreas impactadas por la minería en la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.

¿En qué consistía? En pocas palabras, había que trasladar los residuos generados por la empresa Fundición Geotécnica S.A. desde la mina Gonzalito hacia un paraje rural llamado Mancha Blanca, todo dentro de territorio rionegrino.

La AGN detectó un posible caso de conflicto de intereses con una funcionaria de Minería.

La tarea estaba enmarcada en el Subprograma II de un decreto de 2007; iba a ser financiada por un préstamo de 40 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, como tal, debía “promover la adopción de prácticas de producción limpia como estrategia empresarial y la incorporación de la variable ambiental en la actividad minera”.

¿Y qué dijo la AGN sobre el operativo? Pues que durante el período analizado (2014-2016), se habían presentado “una serie de debilidades, tanto en la etapa de formulación del Estudio de Impacto Ambiental como en la de ejecución, que permiten concluir que los objetivos (del mencionado decreto) no fueron cumplidos en su totalidad”.

Por empezar, el informe dice que “el plan de remediación no fue eficaz”. Es que, más allá de que “los fondos afectados no hayan resultado suficientes”, se observó una “falta de metodología adecuada para medir el alcance de la contaminación”.

Y todo esto, “sumado a la falta de control de los profesionales competentes, no permitió el cuidado de la salud de la población que se pretendía proteger”.  

¿Quién diseñó el proyecto? Según la Auditoría, fue concebido por la consultora estadounidense URS Aecom, y luego ejecutado por otras dos contratistas. 

El operativo estaba enmarcado en un decreto de 2007 y contaba con financiamiento del BID.

Sobre la mencionada empresa, los técnicos descubrieron dos particularidades. En primer lugar, tanto el plan de remediación como el estudio del impacto antrópico hechos por URS fueron “observados” por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, por los asistentes a la audiencia pública que se hizo en San Antonio Oeste antes de la ejecución y hasta por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería.

Y sin embargo “tales productos no fueron saneados previo a su puesta en ejecución ocasionando que los objetivos del Geamin -conforme los hallazgos expuestos- no hayan sido alcanzados”, dijo el informe.
 
En segundo lugar, los auditores se encontraron con que “la responsable de la Coordinación de la Unidad Ejecutora del Proyecto y de la Dirección Nacional de Producción Minera, Ambiente y Desarrollo Comunitario (NdeR: es decir, la representante del Estado en esta historia) tuvo vinculación laboral previa con la consultora URS, existiendo indicios de un conflicto de intereses en el desempeño de sus funciones”.

¿Qué otras “debilidades” tenían los análisis previos, según la AGN? Resulta que el estudio de impacto ambiental “se ocupaba de forma casi excluyente” de las consecuencias que tendría el operativo en Mancha Blanca, lugar de disposición final de los residuos, “y otorgaba un espacio reducido a la remoción en las áreas de intervención, cuando dicha descripción debería conformar la preocupación central” del informe.

Es más, esta situación se dio aun teniendo en cuenta que había “espacios de removimiento en plena ciudad (de San Antonio Oeste), en tanto que la celda de disposición final se proyectó en una zona rural, con condiciones hidrogeológicas, litogeológicas y topográficas, favorables a resultados amigables con el entorno”, abundó la Auditoría.

El estudio de impacto ambiental priorizó la situación del destino de los residuos y no del origen. 

Para completar, el informe apuntó que, si bien hubo un “plan de acción” para monitorear la integridad de la ciudadanía durante el operativo, “no existe constancia de consultas con el Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones del Ministerio de Salud de la Nación, ni de participación de especialistas en control de riesgo toxicológico, de una estrategia para la minimización de los riesgos derivados de las acciones de remediación sobre la población, y en particular, la infantil”.

En sus conclusiones, la Auditoría opinó que todas las “fallas” descritas “agravaron las insuficiencias”, y que hubo “incumplimientos relevantes, no solo debido a que se trata de la afectación de la salud de la población de la localidad, sino también porque el tratamiento para recuperar la calidad del subsuelo contaminado fue planificado como modelo a ser replicado en otras áreas del país”.