Un informe especial de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el transporte urbano de pasajeros de la Región Metropolitana concluyó que “el fenómeno de la concentración empresarial aumentó” en comparación al panorama descripto en un trabajo similar, realizado hace siete años.

La nueva investigación del organismo de control, aprobada en 2019, también destaca una “constante negativa, de la autoridad de aplicación y del regulador, de realizar un monitoreo sistemático de este tema”

¿A qué áreas se refiere? Al Ministerio de Transporte de la Nación, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y a Nación Seguros Sociedad Anónima. Según el informe, estas dependencias basaron su reticencia en que “no existe una obligación normativa de llevar adelante” ningún tipo de control.

El mundo de los colectivos, en pocas líneas

La Auditoría aportó algunos “conceptos necesarios para entender” su investigación. 

Por ejemplo, el texto explica que la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) está compuesta por la Ciudad de Buenos Aires y 36 municipios bonaerenses. 

Dicho territorio, a su vez, está dividido en tres jurisdicciones: la Nacional, que abarca a las líneas que circulan entre CABA y los municipios; la Provincial, que incluye a los colectivos que cruzan distintos distritos, y la Municipal, con coches de recorrido local. 

¿Por qué están agrupadas? Más allá de la cercanía geográfica, el denominador común de este universo es que todos los actores “reciben fondos federales en concepto de compensaciones”, dice la AGN, en relación a los subsidios.  

¿Cuántos actores hay? La Jurisdicción Nacional tiene 90 empresas que explotan 138 líneas; la Provincial cuenta con 57 firmas y 131 líneas; mientras que en la Municipal hay 64 y 120 respectivamente. 

Es decir que, en total, la RMBA está conformada por 211 compañías que manejan 389 líneas de colectivo. 

El mapa

La Auditoría detalló que, actualmente, en la Jurisdicción Nacional las empresas de transporte se encuentran distribuidas en ocho grupos, con algunas modificaciones con respecto a 2012.

Por ejemplo, en estos siete años, el grupo Dota pasó de 22 a 42 en ese ámbito, donde operan 72 líneas de colectivo (ver El caso Dota). 

Le sigue el grupo Micro Ómnibus Quilmes (Moqsa), que sumó dos compañías en el lapso en cuestión, y llegó a cinco; el grupo Vuelta de Rocha, que anexó una más, y el grupo Nueva Chicago, que mantuvo su estructura de dos firmas en comparación a 2012.

AGN: “Aumentó el fenómeno de la concentración empresarial”

Completan el cuadro el grupo Plaza que “decreció”, según la Auditoría, de 11 a cinco empresas; y tres grupos, la Nueva Metropol, la Línea 213 y la 10, que reemplazaron a los que se disolvieron en este tiempo.

Para los técnicos, otro dato “significativo” es que “las compañías no agrupadas pasaron de 38 a 23” en estos siete años, “confirmando un incremento en la concentración de los prestadores en el servicio de Jurisdicción Nacional”.

Siete de cada diez líneas son operadas por grupos empresarios. Y dos tercios de esa porción corresponde a Dota.

Un ejemplo más sobre esto: el nuevo informe incorporó el análisis de 160 firmas de las jurisdicciones Provincial y Municipal que habían quedado afuera del relevamiento de 2012, y comprobó que “el 66% forman parte de grupos empresarios”. Sumando las tres jurisdicciones, la RMBA totaliza 14

La AGN completa que dicha concentración “también se verifica en los canales exclusivos de circulación, denominados Metrobús, tanto de CABA como la Región Metropolitana, donde el 81% de la oferta total de transporte es operada” por ese sector. 

El caso Dota

Si de concentración se trata, el caso de Dota es uno de los más emblemáticos. 

Más allá de las 42 insituciones que operan en la Jurisdicción Nacional, en total el grupo tiene 76 empresas vinculadas, es decir, en las que tiene más del 10% del capital. De ese número, 67 prestan servicio de transporte de pasajeros; seis están dedicadas directa o indirectamente a la misma actividad, y tres se manejan en otros rubros.

Para apreciar la magnitud del grupo, el informe detalla que “de las 389 líneas, el 70% (272) son operadas por grupos empresarios. Y, de esas 272, 180 líneas (66%) tienen algún tipo de vinculación con Dota”.

Reparto de los subsidios transferidos por el Estado nacional a las empresas de transporte de pasajeros.
Reparto de los subsidios transferidos por el Estado nacional a las empresas de transporte de pasajeros.

El liderazgo también se advierte en cuanto a kilómetros recorridos, cantidad de pasajeros, recaudación y recepción de subsidios. En todos estos ítems, Dota se lleva el primer lugar, casi siempre duplicando en proporción al conjunto de empresas no agrupadas y logrando casi diez veces más participación que sus competidores.
 
Cuenta la Auditoría que durante el período examinado (entre enero de 2014 y el 30 de julio de 2018) los operadores recorrieron unos 3.386 millones de kilómetros. Y, de ese total, el 47% correspondió Dota, seguido por las empresas no agrupadas (26%), mientras que Moqsa y la Nueva Metropol lograron el 5 y el 4% respectivamente.

Por otra parte, en el mismo lapso los operadores trasladaron a 9.259 millones de pasajeros, de los cuales “el 46% viajó en organizaciones identificadas con el grupo Dota”; las no agrupadas -en conjunto- alcanzaron el 29% y Moqsa llegó al 4%.

Asimismo, la recaudación total del período ascendió a $ 41.183 millones, de los cuales Dota reunió el 46% frente al 27% de las firmas no agrupadas y un 5% del grupo La Nueva Metropol. 

Para completar, el organismo de control añadió que los subsidios transferidos por el Estado nacional durante el tiempo auditado ascendieron a $ 70.309 millones; de ese total el 48% fue a parar al grupo Dota; las no agrupadas recibieron el 25%, en tanto que Moqsa y La Nueva Metropol se quedaron con un 5% cada una. 

Recomendación

Frente a este panorama, la Auditoría recomendó “evaluar la aplicación de un procedimiento que identifique la conformación empresarial del transporte automotor de pasajeros, a través de la detección de relaciones entre las sociedades y de estas con personas físicas o jurídicas, y establecer un mecanismo de control permanente a fin de detectar modificaciones en la composición, para sostener un adecuado nivel de competencia”.