El presupuesto para el año que viene ya está siendo discutido en la Comisión de Hacienda de Diputados y una de las particularidades que presenta el proyecto es la revisión de los gastos que generan las exenciones o beneficios tributarios destinados a determinados sectores. Estiman que si se eliminaran esos privilegios, se podría generar un ingreso extra que ronda el 2,4% del PBI, es decir  unos 3.664.818 millones de pesos.

Este año en beneficios tributarios se destinaron 2.185.415 millones de pesos (2,67% del PBI).

Es la primera vez que una propuesta de presupuesto incorpora un anexo con la revisión de gastos tributarios. Según se detalla en el apartado, el proyecto de presupuesto refleja las decisiones de política económica del Gobierno Nacional y es consistente con los acuerdos establecidos por la Nación.  En ese sentido, plantea un resultado primario deficitario –medido en base caja de -1,9% del PIB- que podría ser mejorado si el gasto tributario se revisara a la baja.

El total de gastos tributarios para el año que viene asciende a 2,49% del PIB, agrupados en los derivados de normas impositivas (1,81 % del PIB) y los derivados de Regímenes de Promoción Económica (0,68 del PIB). Ese monto de dinero representa 5 veces más la inversión destinada a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este año en beneficios tributarios se destinaron 2.185.415 millones de pesos (2,67% del PBI).

Los mayores destinatarios de dichos beneficios son grandes empresas o sectores concentrados de la economía. La discusión sobre el gasto que le genera al Estado mantener estas exenciones no es una discusión nueva aunque sí no hay antecedentes de que se haya incorporado en otra propuesta presupuestaria del Ejecutivo ante el Congreso. “La disminución del gasto tributario es una vía que permitiría robustecer los recursos del sector público y contar con mayor financiamiento para el desarrollo de las políticas públicas prioritarias”, se indica en el anexo.

Entre los beneficiarios de exenciones de Ganancias, hoy se encuentran los magistrados nacionales, asociaciones civiles y trabajadores en relación de dependencia que trabajan en la Patagonia. En lo que refiere al IVA, los privilegios alcanzan a prestaciones médicas de obras sociales y PAMI, servicios educativos y venta de medicamentos; exención de bienes personales en los depósitos en entidades financieras y cuotas sociales de cooperativas.  

Visto bueno del FMI

Según se señala en el proyecto de presupuesto, “el peso relativo de estos beneficios, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, es un hecho que ha llamado la atención de las autoridades del Fondo Monetario Internacional”. Sobre este punto, se cita un comunicado de prensa del organismo internacional donde se sugiere una revisión en materia tributaria.

“En el frente de la política fiscal, el programa prevé el cumplimiento de un objetivo de déficit primario del 2,5 por ciento del PIB en 2022 y del 1,9 por ciento del PIB en 2023, como se destaca en el proyecto de presupuesto presentado recientemente", se indica en el escrito del FMI y se señala que "las mejoras en las finanzas públicas se sustentan en una mejor focalización de los subsidios a la energía, el agua y el transporte; una nueva priorización del gasto para asegurar la ejecución de proyectos de inversión críticos y la protección adecuada de los hogares pobres; controles de gastos fortalecidos, que a su vez deberían ayudar a contener los atrasos en los gastos; y esfuerzos para revisar los incentivos fiscales corporativos y fortalecer el cumplimiento de los ingresos”.

El proyecto de presupuesto prevé un recorte del gasto público de casi el 9% con relación al presupuesto actual, lo que contrasta con el aumento de las asignaciones al pago de deuda y seguridad y defensa (25 y 10%, respectivamente, en relación a 2022). En ese marco de restricciones presupuestarias es que se incorpora el debate en torno a la reducción de cargas tributarias, lo que ya era reclamado desde hace varios años por diferentes sectores. 

Cómo sería la distribución del presupuesto

De acuerdo al proyecto presentado, el gasto total es cercano a los $29 billones y se estima una recaudación de $22,5 billones con un un déficit primario de $6,3 billones. Del total de los fondos, más del 65% se destinarán a gastos sociales entre los que se encuentran los planes asistenciales, jubilaciones y pensiones. También se le dará prioridad a sectores como salud, ciencia y educación.

El proyecto contempla destinar a la Administración Gubernamental $1,6 billones, a Servicios de Defensa y Seguridad $1,2 billones, a gastos sociales $18 billones, servicios económicos $4,5 billones, deuda pública $2,9 billones, lo que implica casi $29 billones.