La Fundación Poder Ciudadano realizó una serie de recomendaciones para mejorar el sistema de integridad de compras y contrataciones. El trabajo surge debido a que “poseen un rol fundamental en el desarrollo económico y social en Argentina” y, entre los puntos claves, destaca que se normalice, actualice y simplifique la normativa vigente. 

En el documento se señala que hay problemas que se generan “por la dispersión normativa” y ante ello “se recomienda una discusión profunda en el ámbito legislativo, a fin de unificar las leyes vinculadas a compras y contrataciones públicas y a la contratación de obras públicas”. 

De suceder esto, recomendaron que en una misma norma se incluyan los distintos esquemas, herramientas y medidas tendientes a mejorar la eficiencia e integridad del sistema, “asignando roles claros, tanto en materia de planificación como de control, incluyendo instancias formales de participación ciudadana y accountability social”.

En otro punto recomendaron fortalecer la figura de la Oficina Nacional de Contrataciones como órgano rector, “atribuyéndole recursos y facultades que le permita hacer un adecuado control sobre los Planes Anuales de Contrataciones (PAC) que presentan las distintas entidades contratantes”. También pidieron reforzar la formación sobre la elaboración de los PACS de modo que exista “un criterio uniforme y una calidad de información adecuada a ser publicada”. 

En este aspecto agregaron que es importante generar un mecanismo que permita a la ciudadanía conocer en tiempo real sobre la ejecución o modificación de los PACS, de un modo claro, sencillo y accesible y que se encuentre relacionado a las plataformas de contrataciones electrónicas existentes (Compr.ar y Contrat.ar). “Además, se recomienda realizar un trabajo mancomunado entre la Oficina Nacional de Contrataciones y el Ministerio de Obras Públicas y otros organismos vinculados para el desarrollo de sus respectivos Planes Anuales”, resalta el documento.

Combatir la corrupción

A Poder Ciudadano también le preocupa la corrupción que puede traer aparejada la actividad en las condiciones actuales. Según se sostiene en el documento, a lo largo de los años hubo “muchas situaciones de irregularidad” generadas “por prácticas que se desvían de lo establecido por los procesos formales”. A su vez, el riesgo se multiplica por “la poca capacidad de control estatal” y esto genera que “el sistema de compras y contrataciones públicas se encuentre en permanente vulnerabilidad ante riesgos de corrupción”. 

“Contar con equipos técnicamente sólidos en cada entidad contratante resulta de crucial importancia”, destacaron y recomendaron diseñar herramientas que permitan a los distintos agentes estatales, detectar, con la debida antelación, potenciales riesgos a la integridad de los procesos. 

Además solicitaron que se profundice en los esquemas de capacitación al personal de modo periódico a fin de transmitir las herramientas desarrolladas y tomar un rol más activo en la búsqueda de nuevos potenciales proveedores, incentivando una mayor competitividad en los procesos.

Un sistema adecuado de protección

Por otro lado, se destacó que la corrupción no es solo una cuestión de antelación sino que también se debe mejorar el sistema de protección de denunciantes de este tipo de hechos. Para Poder Ciudadano hoy no se cuenta con un sistema adecuado de protección y se debería crear un régimen normativo “que permita generar los incentivos para que se presenten y resuelvan denuncias, en los tiempos y en las formas para descubrir irregularidades, garantizando a las personas denunciantes su protección”.

Otros puntos claves que se destacaron en el documento son controlar los Programas de Integridad de las empresas participantes; que haya accesibilidad de la información sobre Beneficiarios Finales y mejorar esto en la información relacionada con las compras y contrataciones públicas; y fomentar la participación ciudadana.