El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Desde 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció esta fecha con el fin de visibilizar la temática, haciendo hincapié en la necesidad de acotar la brecha en el acceso al cuidado en salud mental y con ello propiciar un abordaje integral de la salud.

Por su parte, la OMS define la salud mental como “un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad”. 

La Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657), sancionada en 2010, dispone -entre otras cuestiones- que las personas con padecimiento mental deben ser tratadas en hospitales comunes y no en instituciones psiquiátricas. Además, prohíbe "la creación de nuevos manicomios públicos y privados", promueve dispositivos de medio camino como “casas de convivencia y hospitales de día”.

Según la norma, los establecimientos monovalentes que ya existen "se deben adaptar a los objetivos y principios" de la disposición, "hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos". 

“Los hospitales psiquiátricos no favorecen la recuperación ni la reinserción en la comunidad”, aseguró Belén Arcucci, integrante de ACIJ. 

En 2020 venció el plazo para el cierre definitivo de los hospitales psiquiátricos (decreto 603/2013). Sin embargo, muchos de ellos aún continúan abiertos. “La implementación de la norma aún es muy deficitaria”, reclamó Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en comunicación con El Auditor.info. 

A su vez, mencionó algunas de las consecuencias negativas que surgen de la existencia de estas instituciones, “las personas internadas en manicomios no reciben visitas, están en situación de aislamiento, desatención y riesgo”.

“Estos hospitales no favorecen la recuperación ni la reinserción en la comunidad”, aseguró la coordinadora del programa de ACIJ. Arcucci agregó que la “poca información y pocos datos” dificultan la situación y el cumplimiento de la disposición. Las últimas cifras oficiales que se tienen son del Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental de 2019.

Censo Nacional

La ley, por otro lado, obliga a censar a la población internada. Cada dos años el Ministerio de Salud debe realizar un recuento para conocer la situación de las personas internadas. El relevamiento debe llevarse a cabo en todos los centros con internación en salud mental públicos y privados del país.

De acuerdo con el Primer Censo Nacional, realizado en 2019, aún existen 162 instituciones monovalentes públicas y privadas en todo el país, y hay 12 mil personas internadas en ellas, con un promedio de tiempo de internación de 8,2 años. Esta cifra aumenta a 12,5 años en el sector público.

“La situación con la Ley de Salud Mental es bastante heterogénea en las diferentes provincias”, sostuvo en conversación con ElAuditor.info Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A partir de la puesta en práctica de la ley “se registraron avances que no son parejos, pero tampoco se puede hablar de una ausencia total”, completó .

En la misma línea, Arcucci agregó que el nivel de implementación de la norma es “desigual” a lo largo del país, cada provincia es la encargada de la administración de los recursos de salud. 

Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda.

“La posibilidad de que las personas accedan a la atención primaria en salud mental sigue siendo deficitaria”, indicó Macarena Sabin Paz, integrante del CELS. 

Internaciones

El artículo 20 de la Ley 26.657 prevé que las personas no pueden ser internadas contra su voluntad, salvo en caso de que exista riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, y solo mientras tal situación subsista. Asimismo, aclara que debe ser “lo más breve posible”.

Se destacó la creación del Órgano de Revisión Nacional, encargado de la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. El ente, entre otros asuntos, debe supervisar las condiciones de internación, tanto en el ámbito público como en el privado, de oficio o por denuncia de particulares.

“Tenemos una gran deuda con la implementación de la ley en las acciones de prevención. También en garantizar abordajes interdisciplinarios y suficientes en el primer nivel de atención de la salud. Y en asegurar la asistencia de la salud mental en todos los hospitales generales, sea ambulatorios, como internación”, reflexionó la integrante de ACIJ. 

Del mismo modo, Sabin Paz coincidió y marcó que “la posibilidad de que las personas accedan a la atención primaria en salud mental sigue siendo deficitaria”.

Desde 2010, la ejecución del presupuesto en salud mental nunca superó el 2,2%.

Ejecución del presupuesto

La ley, por otra parte, fija un mínimo presupuestario. El art. 32 dispone que el 10% del gasto total de salud a nivel nacional debe destinarse a salud mental.

En un análisis de febrero de 2021, la ACIJ señaló que -hasta el momento- este porcentaje nunca superó el 2,2%. El otro problema, además, es la aplicación de los recursos. Según Arcucci, gran parte de los fondos se siguen aplicando en estos hospitales monovalentes que “no tendrían que existir”.

Una persona muestra una pancarta donde se lee "La salud mental debería ser un derecho no un privilegio", en una manifestación por la salud mental.

Salud Mental y el trabajo

Según un documento de la OIT, se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que cuesta a la economía mundial casi un billón de dólares.

El Informe Mundial de Salud Mental de la OMS, publicado en junio de 2022, indicó que “el trabajo incrementa problemas sociales más amplios que afectan negativamente a la salud mental, como la discriminación y la desigualdad”.

Ana Catalina Ramírez, especialista técnica en salud y seguridad en el trabajo e integrante del Servicio de Administración del Trabajo, Inspección del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo (LABADMIN/OSH) de la OIT, expresó que “un ambiente de trabajo seguro y saludable contribuye a la salud mental, así como una buena salud mental aumenta la capacidad de las personas para trabajar de manera productividad.  Al contrario, ciertas situaciones como el desempleo, la precariedad en el empleo, la discriminación, la desigualdad de trato y los ambientes de trabajo inseguros representan un riesgo para la salud mental”. 

“Se estima que globalmente 15% de la población adulta en edad de trabajar vive con un trastorno mental”, afirmó Ramírez. Asimismo, agregó que sin las estructuras y el apoyo necesario, las condiciones de salud mental pueden afectar ampliamente la vida personal y laboral de las personas, disminuyendo su autoconfianza, su satisfacción ante las labores que realiza y sus habilidades para llevarlas a cabo.

Los organismos internacionales presentaron, además, que “el COVID-19 provocó un aumento del 25% en la ansiedad y la depresión general en todo el mundo”. Esta situación expuso la falta de preparación de los gobiernos para lidiar con su impacto en la salud mental y reveló una escasez crónica de recursos de salud mental a nivel global. 

Situación en las cárceles

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) vela por el cumplimiento del derecho a la salud mental de los privados de libertad, así como también el acceso a la asistencia. Sin embargo, -en diálogo con ElAuditor.info- Liliana Martínez, coordinadora del Área Salud Mental de la PPN, reclamó que “no hay profesionales en función de lo que se necesita". 

Agregó que las cuestiones de salud mental en los condenados se toman como un “trámite”. Estos tienen que cumplir con determinados objetivos de “espacios terapéuticos” y eso -según Martínez- es algo que no tiene que ver con la ley de salud mental.

“No estamos de acuerdo con que lo psicológico sea un objetivo cuantificable de tratamiento”, demandó la coordinadora. La “medicalización de la asistencia” es el principal problema que se observa. En detalle, existe una “circulación desregulada de psicofármacos”.

Control

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) evaluó el Programa Servicios de Salud Mental de PAMI y encontró deficiencias como la falta de monitoreos sobre la calidad de los servicios que se brindan a los afiliados. Por su parte, el organismo de control porteño encontró problemas edilicios y ausencia de habilitaciones, entre otras, en centros destinados a la atención de menores de edad. En los hospitales de la Ciudad, este mismo ente observó infraestructura en mal estado en varios de los hospitales neuropsiquiátricos.