El Gobierno de Tucumán presentó un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública en la Legislatura provincial, que apunta a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y a fortalecer la participación ciudadana en la supervisión de los actos gubernamentales.

La iniciativa fue propuesta e impulsada por la actual gestión y busca sumarse a las provincias que ya cuentan con una legislación en la materia. De esta manera, se incluirán a los poderes del Estado, a organismos descentralizados y entes privados que administren fondos públicos a responder las solicitudes de información que pueda llegar a realizar la ciudadanía.

El proyecto establece que toda persona, sin importar su nacionalidad, podrá solicitar información pública de manera gratuita y sin necesidad de justificar los motivos de su requerimiento. Entre los sujetos obligados a brindar información se encuentran los órganos de la administración pública, las empresas con participación estatal, los entes reguladores de servicios y diversas instituciones que reciban o administren fondos estatales.

Las solicitudes podrán realizarse por escrito, digitalmente o vía correo electrónico, y los organismos dispondrán de 10 días, prorrogable en casos excepcionales, para responder. Las excepciones incluyen información clasificada en temas de seguridad, defensa, secretos industriales y datos personales de carácter sensible. En caso de negativa, el solicitante podrá apelar a la justicia contencioso-administrativa.

"El Poder Ejecutivo cumplió y mandó el proyecto de Ley del Acceso a la Información Pública en la provincia de Tucumán, que es una deuda que la clase política tenía con toda nuestra comunidad", informó el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, mediante un comunicado oficial.

En julio, distintas asociaciones civiles presentaron otro proyecto de ley con el mismo fin: garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública. Aquel documento fue desarrollado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), la Fundación León, Mujeres por Mujeres, la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNT y la Cátedra Abierta de Economía y Sociedad de la Facultad de Ciencias Económicas.

“Es clave que la Legislatura brinde un debate abierto y participativo, en pos de la aprobación de un proyecto que garantice de forma efectiva este derecho humano”, expresó la ACIJ en su web.

Otras provincias sin legislación

A ocho años de la sanción de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, otras dos provincias argentinas aún no cuentan con una normativa propia, además de Tucumán: San Juan y Formosa. La ley nacional, aprobada en 2016, obliga a la Administración Pública Nacional a responder a las solicitudes de acceso a la información.