La palabra valor, el concepto de valor han concitado el interés del pensamiento filosófico y económico desde los albores de la llamada civilización occidental. Entre los antiguos, se destaca –como en tantas otras cuestiones inquietantes- la indagación de Aristóteles, quien propuso la distinción entre valor de uso de un objeto (utilidad que presta a su propietario), y valor de cambio (la cantidad de otra mercancía que se ofrece por él).

 

La teoría del gobierno corporativo ha puesto en el centro de la responsabilidad gerencial la creación de valor: valor para los accionistas, para los demás “involucrados” (en inglés, stakeholders): trabajadores, clientes, proveedores, comunidad y gobierno.

 

Si se trata del Estado, de la organización Estado, la creación de valor no se relaciona, obviamente, con la maximización del precio de sus acciones en el mercado; la organización Estado no es una que vaya a decidir sus programas de producción informándose en  los estímulos del mercado; tampoco cabría asociarla exclusivamente con la producción de bienes y servicios en cantidad y calidad adecuadas. Si utilizamos una mirada más abarcadora, echaremos de ver que el gobierno de un Estado está también creando valor público cuando hace visible y entendible el detalle de su administración, cuando  practica, de una forma regular la rendición de cuentas, cuando actúa con apego a la ley. Estos comportamientos son valores públicos porque moldean, a través del ejemplo, el carácter de una sociedad. Cuando es notoria en los gobiernos la ausencia de estas buenas conductas, suelen darse sociedades en las que reinan las malas costumbres.

 

Todos aquellos valores son, a su vez,  generadores de otro valor: la confianza pública. La confianza es la base de todas las instituciones.

 

¿Qué relación hay entre el control gubernamental y el valor público?

 

El control gubernamental es parte de las fuerzas de control que modelan el desenvolvimiento de un gobierno. Tiene la potencialidad para contribuir a la construcción de una administración pública orientada hacia los ciudadanos, a la creación de valor público; en otras palabras, a la conformación de un gobierno que es capaz de establecer lazos de confianza con la sociedad, porque puede ejercer plenamente su autoridad dentro de un marco de responsabilidad.

 

Para que el control gubernamental sea efectivo en ese sentido , es necesario que los organismos que lo llevan a la práctica tengan solvencia técnica e independencia. Estas condiciones se consiguen y consolidan más fácilmente si los auditores y las demás personas que ejercen la función de control tienen una razonable seguridad de que no serán reprendidos, desacreditados y, menos aún, removidos por querer hacer bien el trabajo al que están obligados e informar sus resultados al público de una manera honesta y oportuna.