La ACUMAR, en quien recaerán las sanciones previstas por la Corte ante eventuales incumplimientos del fallo, fue creada en noviembre de 2006 para reemplazar al Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CEMR), que funcionaba desde 1995. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) indica que durante la existencia del CEMR el avance en el saneamiento de la Cuenca fue “nulo”.

En primer término, el plan de gestión ambiental no fue un programa de saneamiento, dice el organismo de control, sino que funcionó como un “complemento” del proyecto que la Nación acordó con la empresa que prestaba el servicio de agua corriente, Aguas Argentinas S.A., que consistía en la construcción del sistema cloacal en la Cuenca. El CEMR estaba coordinado por la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación que era, al mismo tiempo, la encargada de controlar el cumplimiento del contrato de concesión de Aguas Argentinas S.A. Y todas las obras vinculadas con el saneamiento, como la extensión de la red de cloacas y el tratamiento de los efluentes, estaban incluidas en el contrato que fue rescindido en septiembre de 2005. La AGN puntualiza que el 55 % de quienes viven en zonas aledañas al Riachuelo, unas 2,7 millones de personas, no tienen cloacas.    

Por otra parte, la Auditoría afirma que el CEMR “nunca llegó a desarrollar acciones concretas para controlar a las industrias contaminantes”, a pesar de que la Secretaría de Recursos Naturales también era la autoridad de aplicación de la legislación sobre contaminación hídrica. En la Cuenca están asentadas más de 3.500 empresas que eliminan al Riachuelo cerca de 89.000 metros cúbicos de líquidos contaminantes por día.

Además, la ejecución del presupuesto que tenían las jurisdicciones en esos años fue “baja y deficiente”, afirma la AGN. Es que de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 1998 por US$ 250 millones, se utilizaron hasta 2006 sólo US$ 7.762.790. El plazo fijado para el desembolso del préstamo fue de cinco años, entre febrero de 1998 y el mismo mes de 2003, y las tres jurisdicciones tendrían acceso a los fondos, pero, pese a que había ingresado como coejecutora en 2000, la provincia de Buenos Aires no llevó adelante ninguna obra con ese dinero y sólo pagó costos financieros hasta 2004. Asimismo, el convenio con el BID preveía en un principio una comisión de compromiso, el dinero que el Estado debe pagar como compensación por los fondos no ejecutados en término, de US$ 5.035.000, y hasta 2004 ya se habían pagado US$ 6.907.476 por ese concepto.

Por último, el informe de la Auditoría concluyó que el CEMR no era autoridad de cuenca, es decir, carecía de funciones propias y de peso institucional para coordinar las jurisdicciones que lo constituían, las que al tener vigentes sus propias normativas, produjeron una superposición de competencias.