La Ley 26.020 sobre la comercialización del GLP fue sancionada en marzo de 2005 y tenía el objetivo de asegurar el suministro a los sectores de escasos recursos y a las zonas que no cuentan con el servicio de gas natural por redes, principalmente las provincias del NEA: Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.

El organismo de control ejemplifica que en la Capital Federal se pagan $ 18.39 bimestrales por 49.35 metros cúbicos de GN, mientras que el equivalente de GLP, 45 kilos, cuesta $ 106. La ecuación arroja brechas aún más pronunciadas según aumenta el consumo, porque dos garrafas de 45 kilos salen $ 212 y la misma cantidad de gas natural, sólo $ 21,27.

La autoridad de aplicación de la Ley es la Secretaría de Energía de la Nación que, de acuerdo a la AGN, no acordó mecanismos de control con representantes nacionales y provinciales de Defensa del Consumidor para hacer un seguimiento de los precios de referencia de las garrafas. Por otro lado, la dependencia del Ministerio de Planificación tampoco garantizó el funcionamiento de los centros de atención a los reclamos de los usuarios ni puso en marcha un registro de envases de GLP. En el mercado existen más de 20 millones de garrafas y los datos con los que se maneja la Secretaría presentan “inconsistencias”, dice la Auditoría: de las 32 fraccionadoras incluidas en la muestra, sólo 20 contaban con su parque de envases registrado, y tampoco se constató el uso de medidas de seguridad como alertas de vencimiento. Este dato no es menor, es que por los altos costos de fabricación, son pocas las garrafas que se suman al stock disponible como así también las que se destruyen, es decir, la renovación de los envases es escasa.

El análisis de la AGN afirma que la falta de reglamentación de la medida sancionada por el Congreso hace que algunos de sus aspectos relevantes se vuelvan “inoperativos”. El marco regulatorio preveía un “sistema de acceso abierto para la actividad de almacenaje” que buscaba el mejor funcionamiento de la industria del GLP a partir de la entrada de “terceros al mercado en un marco de igualdad de oportunidades”, pero el mecanismo aún no fue puesto en práctica.

Otra irregularidad que detectó la Auditoría durante su trabajo es que la Secretaría de Energía permite que los operadores del mercado realicen su actividad sin haber cumplido con los requisitos previstos en la normativa vigente y, al mismo tiempo, no entrega certificados de habilitación a quienes sí completan sus obligaciones.