La Corte Suprema y el Riachuelo
La Corte Suprema tomó una determinación de gran importancia para que se cumpla con la limpieza del Riachuelo, al fijar plazos para las tareas y sanciones por eventuales incumplimientos. De esta manera, los ejecutivos de tres jurisdicciones se ven judicialmente compelidos a implementar, sin más dilaciones, el plan de recuperación ambiental.
Esta decisión, en términos institucionales trasciende a la materia ambiental, ya que fija un precedente que fortalece el rol de la Justicia para exigirles a los organismos ejecutivos el cumplimiento de derechos constitucionales.
El máximo Tribunal, no conforme con la dilación de las autoridades en el cumplimiento de la resolución que manda a revertir el cuadro de contaminación ambiental que se registra en el Riachuelo, estableció un programa de tareas, impuso plazos de ejecución y mecanismos judiciales de control de la ejecución y fijó sanciones para eventuales incumplimientos.
La medida tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes afectados por el estado de la cuenca Matanza-Riachuelo y obliga a las autoridades de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Así, la Justicia definió un mecanismo para evitar que los poderes administrativos dilaten la realización de una obra que revertirá padecimientos severos de la población y del entorno natural.
Esta actuación de la Corte muestra la capacidad que tiene la Justicia para impulsar el respeto de normas constitucionales. Se pone en evidencia la posibilidad que tienen los jueces de ejercer una función activa para garantizar el cumplimiento del orden jurídico y también para orientar, controlar e impulsar políticas públicas necesarias.
El objetivo es resguardar los derechos subjetivos, colectivos y ambientales, especialmente cuando existe omisión de parte de las autoridades administrativas.
La Corte Suprema fijó plazos para la limpieza del Riachuelo. Las diferentes jurisdicciones se ven compelidas a tomar medidas de saneamiento. Muestra la capacidad de la Justicia para impulsar el respeto a normas constitucionales.