Tras el fallo de la Corte: El Gobierno quería una prórroga

El cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que exigió a los Estados nacional, bonaerense y porteño sanear el Riachuelo avanzó ayer un paso. Se reunieron con el juez de ejecución de la sentencia del máximo tribunal, Luis Armella, la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti; el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despuy, entre otros.

 

En la reunión, Picolotti planteó en primer término la prórroga de plazos en la ejecución del Plan de Saneamiento impuesto por la Corte, a lo que el magistrado respondió que eso no estaba dentro de sus facultades.

 

La funcionaria de Ambiente, en carácter de presidenta del organismo interjurisdiccional denominado Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), será, según el fallo, quien deberá responder con sus ingresos si no cumple con la inspección de industrias, la eliminación de basurales a cielo abierto y la concreción de las obras de saneamiento en plazos que van de los 30 días a los cinco años, según el caso.

 

El primer plazo vence el 5 de septiembre próximo, momento en el que deberá presentarse el inventario de industrias radicadas en la cuenca y las muestras de calidad de aire, de agua y de suelo. Los plazos empezaron a correr el 8 de este mes, día en que la Corte dictó la sentencia.

 

En ese sentido, Aramella afirmó que las multas serán labradas con un "criterio de razonabilidad" y sostuvo que no aceptará un "circo mediático" de las cuestiones por resolver, según contaron a LA NACION dos asistentes a la reunión.

 

El magistrado pidió, además, a todos los actores que intervienen en la causa que, si hubiera alguna dilación en los plazos, se lo hagan saber de inmediato.

 

Respecto de los avances de las acciones y de las obras, se estableció que se harán por intermedio del tribunal de Quilmes y que se darán a conocer a las partes 15 días antes de hacerse públicas.

 

Mapa

El fallo de la Corte Suprema estableció que se elabore en 90 días un mapa sociodemográfico para determinar la población en situación de riesgo y, en un período posterior de 60 días, poner en marcha un programa sanitario para la población afectada.

 

En este punto, un funcionario del Ministerio de Salud de la Nación sostuvo que "hay un plan de salud en marcha, pero que resulta imposible cumplir en 90 días".

Mondino insistió en que es inadmisible modificar cualquier plazo establecido por la Corte. El defensor del pueblo será quien comande el comité de control de cumplimiento del plan, conformado también por Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, CELS y Fundación Metropolitana, entre otras ONG. El funcionamiento del cuerpo se dará a conocer en los próximos días, según pudo saber LA NACION.

 

Durante el desarrollo de la audiencia, que se prolongó por más de cinco horas, hubo diferencias entre los representantes de la Capital y la Acumar: el procurador de la ciudad, Pablo Tonelli, presente en la reunión, pidió ser tenido en cuenta como parte en la causa, solicitud que será presentada por escrito ante el juez.

Por último, Despouy le solicitó al juez poder formalizar un convenio con la Acumar para dejar claramente establecido los roles y así poder ejercer su función, que, según el fallo, es el control de la asignación de fondos y de la ejecución presupuestaria del plan.

 

Además, ayer, la presidenta de la Auditoría General de la ciudad, Sandra Bergenfeld, ofreció al juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, la posibilidad de sumar el ente de control porteño al estudio del avance del plan de saneamiento del Riachuelo y de las responsabilidades del gobierno local.