Varias veces, en el curso de nuestra historia, la función de gobernar fue condensada por un protagonista prominente de la época en una consigna que reflejaba la necesidad prioritaria del momento. Por ejemplo, “gobernar es poblar”, “gobernar es educar”, “gobernar es crear trabajo”. Cualquiera sea la visión estratégica que se tenga sobre el gobierno, lo cierto es que gobernar bien, y sobre todo plasmar una meta superior, siempre implica planificación, coordinación, supervisión. Sin estas acciones, reinarán la improvisación, la discrecionalidad, el descontrol, y la consumación de una realidad deseable será una quimera. Para el gobierno general de un país, lo mismo que para la gestión de las distintas áreas que lo componen (economía, salud, promoción social, etc.), hay que hacer planes, ponerlos en práctica y evaluar su desarrollo. Los planes son un formidable vehículo de coordinación de los esfuerzos y recursos. Los planes y sus resultados deben ser comunicados con claridad, de modo que sus ejecutores sepan cuáles son sus responsabilidades y los beneficiarios adquieran una razonable certeza sobre el rumbo de los procesos y confianza en la concreción de los efectos buscados.

Además de su rol instrumental en la realización de un objetivo deseable, la planificación sirve también para prevenir los problemas antes de que ocurran y eliminar o disminuir la tendencia de ofrecer meros paliativos, soluciones parciales o respuestas desarticuladas. La planificación es disparada por la inquietante pregunta de si estamos o no convenientemente preparados para enfrentar un problema cuando éste se presente.

El 7 de mayo pasado se registró en nuestro país el primer caso de la influenza H1N1. El brote epidémico en México se proyectó con fuerza a la luz pública a partir de mediados de abril. El 6 de julio, dos meses después de aquel primer registro nacional, un comité federal de salud pública adoptó un protocolo único para el tratamiento de la patología. Este protocolo no incluye un consenso sobre actividades sociales de las personas. Al haber distintas opiniones expertas al respecto, se aprecian en la práctica distintas situaciones. A saber: el municipio de Avellaneda dispuso el cierre de locales nocturnos de concurrencia social; su vecino, Lanús, en cambio, no ha impuesto una restricción semejante. Que se sepa, no hay accidentes geográficos ni barreras artificiales que obstaculicen el tránsito de personas de Avellaneda a Lanús. Esta diversidad de criterios pone de relieve una rémora de la gobernabilidad argentina: en ausencia de una autoridad integradora, que agrupe la toma de decisiones para administrar problemas comunes, prosperan la desconexión jurisdiccional y la respuesta local y aislada.
La lucha contra esta epidemia, como contra cualquier otra, requiere la disponibilidad de una acción coordinada con acuerdos interjurisdiccionales capaces de conferir legitimidad, ejecutividad y efectividad a las medidas de contención y mitigación que será necesario ejecutar como expresión de un contundente plan de contingencia sanitaria.

Hugo Quintana