Lo anticipó el subsecretario de Justicia. Es parte de un proceso de renovación que Jaque pretende imponer desde hace meses en el Poder Judicial. No se sabe aún si se irá algún miembro de la Corte.


El Gobierno apuesta a concretar en el próximo mes el comienzo de un proceso de renovación en el Poder Judicial, una de sus ideas fundacionales, con el pase a retiro de una veintena de jueces provinciales que se acogerían finalmente a los beneficios de la jubilación.

Esto fue adelantado por el subsecretario de Justicia, Sebastián Godoy Lemos, quien sostuvo que durante agosto la cantidad señalada de jueces abandonaría sus cargos luego de que se terminara de destrabar en la AFIP un trámite por diferencias de aportes de los magistrados.

"Hay un grupo importante de magistrados que han manifestado su intención de retirarse, pero estaban esperando justamente que se destrabe este conflicto ante la AFIP. Ya han salido 4 jubilaciones y creo que en los próximos días salen 20 más", adelantó Godoy Lemos.

Una jubilación masiva de los titulares de los juzgados es uno de los objetivos que el Gobierno se planteó casi desde el comienzo de su gestión, luego de haber firmado en abril de 2008 un acuerdo que les otorgó a los jueces la posibilidad de jubilarse con el 82% móvil.

El pase a retiro de una buena cantidad de jueces mendocinos (incluido varios integrantes de la Suprema Corte) forma parte de un plan de renovación del Poder Judicial que el Gobierno pretende implementar casi desde el momento mismo de asumir.

Celso Jaque aspiraba en el mediano plazo a que unos 100 integrantes del Poder Judicial se retirasen, pero a raíz de los buenos salarios y de los inconvenientes registrados con los aportes, como explicó Godoy Lemos, sólo cuatro se acogieron al beneficio.

Conocido el número citado por Godoy Lemos, lo que resta saber ahora es si dentro de ese lote se encuentra alguno de lo miembros de la Suprema Corte o el procurador Rodolfo González. En el Alto Tribunal hay al menos cinco jueces en condiciones de jubilarse y dos de ellos tiene el trámite bastante avanzado.

En abril de 2008, los poderes Ejecutivo y Judicial firmaron un acuerdo que, como primera medida, incluyó un cronograma de actualización salarial para los magistrados, quienes quedaron enganchados a la "media nacional" para las remuneraciones futuras.

Esto significó que, por caso, los jueces locales ya hayan percibido aumentos en el último año y medio, que rondaron el 60%, y que tengan en carpeta además la posibilidad de solicitar el 15% más en 2009.

Ese acuerdo tuvo asimismo otro elemento importante: incluyó también la posibilidad de que los magistrados se jubilaran accediendo al 82% móvil. El Ejecutivo también terminó incluyendo luego en esa prerrogativa a los nueve funcionarios que no pertenecen al Poder Judicial, como son los que ocupan cargos en la Contaduría General de la Gobernación, la Escribanía de la Provincia, el Tribunal de Cuentas o el asesor de Gobierno.

Pero el objetivo siempre fue alto. Apostó a una renovación de los miembros de la Suprema Corte (algunos de sus miembros superan los 70 años) además de la oxigenación de estos organismos de control.

Uno de los cargos que ya quedaron vacantes ha sido el de fiscal de Estado, luego de que su titular, Pedro Sin, se acogiera a los beneficios de la jubilación.

Pero tanto en la Corte como en otros lugares apetecidos por el Ejecutivo (sobre todo el que ocupa César Mosso Giannini en la Asesoría de Gobierno) no dan señales de que vayan a dejar sus despachos vacíos.