La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que las comisiones médicas que dependían de la Superintendencia de AFJP demoraron hasta más de seis años en otorgar las jubilaciones por invalidez a sus afiliados, trámites que debían durar cerca de cuatro meses.

El organismo de control señaló que hasta septiembre de 2007 esas comisiones tenían acumulados 6.563 expedientes laborales y 14.150 previsionales, es decir, los que esperaban la aplicación de las leyes sobre minusválidos, ciegos o edad avanzada. De esos totales, 5.522 del primer grupo (84,1%), y 4.923 del segundo (34,8%) superaron los plazos previstos en la “Carta Compromiso con el Ciudadano” que establecía el cumplimiento de esos trámites en 134 días para los laborales y 105 días para los previsionales.

La Superintendencia de AFJP disponía de 38 comisiones médicas periféricas (CMP) y una central (CMC), en la Ciudad de Buenos Aires. La AGN añade que, de la muestra analizada, “los expedientes más antiguos sin resolver son 131 de las CMP del segmento 2002/2005, y 2373 de la CMC del (período) 2003/2005, sin identificar por año de antigüedad”.

Los trámites por invalidez se iniciaban en las CMP, que determinaban si los afiliados podían acceder al beneficio. Para jubilarse por esta modalidad, los trabajadores debían registrar un 66% -o más- de incapacidad. Durante el período de análisis de la AGN, ingresaron a las CMP 50.822 expedientes laborales, de los cuales 6.755 fueron apelados a la Comisión Médica Central, para que se revean los porcentajes de incapacidad asignados. Las demoras que sí pudo identificar la Auditoría corresponden a los dictámenes emitidos por la CMC en el lapso enero-agosto de 2007: en esa muestra se observó que 337 casos “provenían de apelaciones de antigua data”, con cinco y hasta seis años de tardanza. “Asimismo, se detectaron nueve expedientes con cuatro años de demora, 51 con tres años, 151 con dos años y 164 que ya registran un año de demora”, enumeró el informe aprobado este año sobre datos de 2007.

Según el manual de procedimientos de trámites previsionales, los médicos de las comisiones debían cumplir con las prácticas y estudios mínimos que exigían los protocolos de cada patología para medir cuánto afectaban a los pacientes. Sin embargo, los profesionales manifestaron a la AGN que no lograban una homogeneidad de criterios para asignar porcentajes de invalidez por la “imposibilidad de comparar dictámenes de los afiliados”. Es que, para la Auditoría, los protocolos registraban “extemporaneidad e insuficiencia”, de hecho, “recién a partir de 2007 se verificó la existencia de cinco Protocolos”: neurología, cardiología, traumatología y SIDA, y transplante y oncología, que se sumaron al de psiquiatría, vigente desde 2004.

Por otra parte, el organismo de control comprobó que para septiembre de 2007 varias jurisdicciones no tenían prestadores médicos: Posadas, Neuquen, Bahía Blanca, Viedma y La Rioja. Además, en otros lugares, como Ushuaia, Comodoro Rivadavia y San Luis, había solamente un prestador: “Tal situación podría afectar la calidad de los dictámenes, al tener que basarse únicamente en los estudios que aportan los afiliados y no poder realizar interconsultas si fueran necesarias”, explicó la AGN. Con este cuadro, la entonces Superintendencia de AFJP llamó a licitación pública para sumar más prestadores. Según el listado original al que accedieron los auditores, los prestadores convenidos en el sistema eran 532, “de los cuales, a septiembre de 2007, quedaban vinculados sólo 131”, incluyendo a los adjudicatarios de una licitación hecha en 2004. El informe puntualiza que el trámite de contratación comenzó el 28 de octubre de 2003, “mientras que las órdenes de compra correspondientes a la provisión de los servicios fueron emitidas con fecha 22 de mayo de 2007. Es decir –completa la Auditoría-, el trámite licitatorio insumió tres años y medio”.

Con la eliminación del régimen de capitalización, y unificación de jubilaciones y pensiones en un sistema administrado por el Estado, la Superintendencia de AFJP comenzó una etapa de disolución, transferencia y liquidación de su patrimonio. Las comisiones médicas, en tanto, pasaron por decreto a funcionar bajo la órbita de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).