En los últimos años se han incrementado las críticas hacia la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) respecto al cumplimiento de los compromisos de la sociedad con los beneficiarios del régimen de jubilaciones y pensiones.

La Ley 26.417, que establece la fórmula para el cálculo del incremento de la movilidad previsional, toma en cuenta la evolución de dos variables: el índice del aumento general de salarios del último semestre publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el aumento de la recaudación tributaria per cápita de la ANSES.

De acuerdo a la inflación registrada desde marzo de 2013 hasta febrero de 2014, la ciudad de Buenos Aires registró un incremento en el nivel de precios de 36,7%, mientras que la provincia de San Luis una inflación de 37,9%. Claramente el incremento otorgado del 11,31% no fue suficiente para proteger el poder de compra de la clase pasiva.

Una desnaturalización más evidente de la ANSES se observa cuando evaluamos lo que abona anualmente por los juicios de los beneficiarios, originados en su mayoría por el reclamo de ajuste en sus haberes. Estas actualizaciones, que surgen de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso Badaro y otros) no son atendidas en la magnitud que debieran y las sentencias se acumulan sistemáticamente año tras año.

El argumento esgrimido por la ANSES para no pagar las sentencias es el límite que establece la meta  presupuestaria anual de gastos fijada por la Ley de Presupuesto. Sin embargo, ello no es así. El problema está en el orden en la atención de necesidades.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), creado por el Decreto 897/2007,  con el objetivo de  asegurar los beneficios jubilatorios, ha sido utilizado en los últimos años como fuente de financiamiento del Tesoro Nacional. En el siguiente gráfico se observa lo transferido por este Fondo al Tesoro nacional desde el año 2008. Si se lo compara con el valor de las sentencias canceladas durante el mismo periodo se observa claramente que la cancelación de los pasivos previsionales no fueron prioridad de la política de Gobierno.

Desde el 2008 se llevan canceladas sentencias previsionales por un valor cuatro veces menor que lo transferido al Tesoro Nacional para su financiamiento.

Transferencias al Tesoro Nacional provenientes de ANSES en concepto de rentas.

Años 2008-2014.

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Fuente: Elaboración propia en base a datos de presupuestos nacionales y ejecuciones presupuestarias.

Si se acumulan los montos transferidos con lo que se planea transferir durante el 2014 se alcanzarán casi los $100.000 millones. Esto es, en el año 2014, el FGS habrá terminado de transferir al Tesoro un  monto igual a su capital inicial.

De este modo, buena parte de los rendimientos del FGS se usan para cubrir los déficit del Tesoro, así como para el financiamiento de otras acciones de gobierno (préstamos al sector productivo, por ejemplo), con lo cual cada vez nos alejamos más de aquel objetivo para el cual fue creado el FGS.

Sin representación gremial ni política, esto evidencia la situación de indefensión en la que se encuentran los adultos mayores en Argentina.