Hasta junio de 2016 la venta de tierras rurales estuvo regulada por la Ley de Tierras (Nro 26.737) que sancionó en diciembre de 2011 el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entre otras cuestiones, la norma disponía que en las zonas núcleo, consideradas las más productivas, la propiedad de tierras en manos de extranjeros no podía superar las mil hectáreas. Además, establecía que si los terrenos eran adquiridos en zonas protegidas, no podían ser superiores al 15% de la superficie.

Asimismo, obligó a las provincias a informar en los 60 días posteriores a su vigencia la cantidad de tierras en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.

Este mes, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe realizado sobre el Ministerio de Justicia y el Registro de Tierras Rurales, referido al procedimiento para la adquisición por parte de extranjeros durante 2014.

El trabajo, elaborado por la Gerencia de Control de Gestión, determinó que ninguna provincia superaba el 15% de tierras vendidas en zonas protegidas, pero que solo Santa Fe y Tucumán tienen un catastro parcelario depurado.

En ese sentido, el informe presentado por el Auditor General Jesús Rodríguez señaló que la Dirección de Asuntos de Tierras Rurales tiene una base de datos incompleta y presenta fallas en cuanto a la seguridad informática. Hay una falta de coordinación entre la Dirección y el Registro Nacional de Tierras Rurales, remarcaron los auditores.

Respecto a las tareas de control, la AGN determinó que el Registro Nacional no cuenta con procedimientos para fiscalización y, al mismo tiempo, la Dirección Nacional de Asuntos de Tierras Rurales no lleva un padrón de titulares en ninguna de las zonas de seguridad. Es un tema que requiere una mirada muy seria y una acción coordinada de los distintos organismos, analizó el Auditor General Jesús Rodríguez.

Cambios en la normativa

En junio de 2016, el Presidente Mauricio Macri modificó algunas disposiciones de la denominada Ley de Tierras. A través del Decreto 820/16, flexibilizó su comercialización y autorizó la compra de lotes superiores a las mil hectáreas incluso en las zonas núcleo y en las áreas protegidas.

Además, el Decreto eliminó los controles que realizaba la AFIP y la obligación de tener la habilitación del Registro Nacional de Tierras para comprar lotes.