La semana pasada, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación anunció la búsqueda de dos nuevos presidentes para los directorios del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), dos organismos cuyas labores fueron cuestionadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en varias oportunidades.

El 21 de junio la cartera que maneja Juan José Aranguren llamó a concurso abierto con el objetivo de incorporar dos nuevas personas a cargo de estos organismos. ENARGAS ya había conseguido un nuevo presidente (Marcelo Figueroa) pero, según afirmaron en un comunicado, el 18 de diciembre de 2016 comunicó la declinación de su postulación.

El caso del ENRE es distinto: luego de haber entrevistado a los candidatos y analizado sus antecedentes, el Comité de Selección no conformó la terna de postulantes debido a que no cumplían, a su entender, con las condiciones técnicas y profesionales para ocupar el cargo.

Ambos organismos cumplieron 25 años de existencia y los nuevos directores deberán ser argentinos nativos, por opción o naturalizados, contar con aptitud psicofísica para el cargo. Asimismo, se evaluarán los antecedentes técnicos y/o profesionales en cuestiones atinentes a la industria de la energía eléctrica y su regulación, los antecedentes académicos vinculados al sector energético, la antigüedad, los cargos desempeñados y, por último, las habilidades de gerenciamiento comprobables teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las tareas desarrolladas.

El ente que no escuchó

En 2014, el ex presidente de la AGN, Leandro Despouy le comentó a este medio que es nulo el accionar del ENARGAS. Lamentablemente el informe que aprobamos demuestra que no tuvo en cuenta las recomendaciones que le viene haciendo la Auditoría General de la Nación.

El informe que mencionó en aquel entonces Despouy tuvo la finalidad de verificar la calidad y seguridad del sistema de Gas Natural Comprimido (GNC), el índice técnico del ENERGAS y las contrataciones de obras por parte del organismo.

En el documento se especificaban debilidades de gestión tales como no adoptar medidas correctivas en el Sistema Informático Centralizado de Gas Natural Comprimido, técnicos especialistas que operaban con matrícula vencida, la falta de reglamentación del seguro de responsabilidad civil exigible a las estaciones de carga del GNC, entre otras.

Por si fuese poco, un año después, la AGN se presentó ante la Justicia porque el ENARGAS no entregaba información sobre una explosión ocasionada por una fuga de gas en Rosario en el año 2013 que dejó un saldo de 22 víctimas fatales.

El ente que no miró

También en 2014, la AGN aprobó 2 informes sobre las tareas que realizaba el ENRE para mejorar la calidad del servicio prestado por las empresas encargadas de llevar electricidad a los hogares de Buenos Aires.

Según se observó, se registran demoras desde la fecha en que opera el cierre de cada semestre hasta la emisión de las resoluciones del ENRE, tanto por la orden de cálculo de bonificaciones a los usuarios por energía no suministrada, como por las sanciones por incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de la información incurridos por la concesionaria.

Esto demostraba que el ENRE demoraba sus resoluciones y por lo tanto se sancionaba tarde a las empresas y no se efectuaban los descuentos correspondientes en las facturas de los usuarios.

Esta falta de control llevó a que las empresas energéticas acumularan deudas de 19 mil millones de pesos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Dicho pasivo fue condonado por el Estado Nacional en el último presupuesto aprobado en noviembre de 2016.

Además de esto, se destacó que el ENRE no cumplió con su objetivo de intervenir activamente en los planes de inversión a realizar por las licenciatarias y que las auditorias integrales que realizó detectaron desempeños empresariales que pusieron en riesgo la operatoria de las licenciatarias y una adecuada prestación del servicio. Pero, el ENRE no posee un marco normativo que le permita ejercer en forma completa sus funciones de organismo regulador.

Al control insuficiente se le suma el dato que en 1992, a través de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, se decidió que las empresas Edenor y Edesur asuman la concesión de la distribución y comercialización de la luz por un plazo de 95 años. Por lo tanto, las dos licenciatarias deberán ser controladas por el ENRE hasta el año 2087.