La capital provincial fue, sin dudas, uno de los distritos claves para que la fuerza liderada por Mauricio Macri terminara ganándole la pulseada al Frente para la Victoria que llevaba a Daniel Scioli como mascarón de proa. Hoy parece haber quedado atrás el entusiasmo inicial de esa ciudad, que por estas horas atraviesa un conflicto gremial importante y sobre el que todo el país ha posado los ojos.

Ocho días de paro de choferes de colectivos parecían suficientes para comenzar a destrabar un conflicto iniciado a partir de una disputa salarial, en la que terminó interviniendo el gobierno municipal con la sutileza de un elefante dentro de un bazar. Es que a la gravedad del conflicto, a la imposibilidad aparente de un acercamiento entre las partes, se le sumaron las medidas tomadas por los funcionarios cordobeses, que implicaron que la ciudad de Córdoba amaneciera el lunes militarizada y con la novedad de la circulación de unos 150 colectivos manejados por choferes inexpertos que comenzaron a brindar servicios, utilizando como cabecera la Escuela de Aviación Militar. La custodia de personal de la Gendarmería Nacional y la Policía de la provincia terminó de componer un cuadro dantesco para los tiempos que corren: el de una ciudad sitiada.

El llamado Plan de Contingencia fue ordenado por el intendente radical Ramón Mestre, quien durante los días previos e incluso durante la jornada de ayer, se encargó de echarle nafta al fuego en lugar de apaciguar los ánimos e intentar acercar posiciones.

La militarización de la ciudad como respuesta frente a un conflicto social no puede sino verse como una bravuconada, torpe y agravante, dentro de una situación delicada que merece el esfuerzo de la búsqueda de posiciones de encuentro y no de decisiones que ensanchen aún más las diferencias.

Es una provocación. Nos quieren meter en un plano de ilegalidad, sintetizó Sonia Beas, delegada de los trolebuses. Y la respuesta de los choferes en conflicto fue contundente porque no sólo reafirmaron sus reclamos sino que, además, comenzaron a sumar el apoyo de otros gremios y las centrales sindicales, que no pudieron permanecer expectantes frente al atropello.

En conferencia de prensa, Mestre llegó a calificar a los huelguistas de violentos que pretenden crear el caos en la ciudad y hasta se animó a hablar de otro Cordobazo e incluso culpó al kirchnerismo por la situación. Lo curioso, sin embargo, fue que el intendente eludiera su propia responsabilidad siendo que fue su ciudad el escenario donde estalló el conflicto.

A través de las redes sociales se habían dado a conocer una serie de audios y mensajes malintencionados cuyo fin no era otro que meterle miedo a la población, indicándoles que se queden en sus casas ante la militarización de la ciudad. Los cordobeses se los tomaron con humor y hasta hubo quienes bromearon con lo del nuevo Cordobazo.

Frente al escenario que presentaba el conflicto en su escalada, ayer la CGT Nacional y Popular y la CGT Regional Córdoba decidieron marchar en apoyo a los choferes y en contra del Plan de Contingencia. A ellos se sumaron otros gremios como el Sindicato de Conductores de Remises, el Sindicato de Luz y Fuerza, el de Personal de los Organismos de Previsión Social y la Federación de Sindicatos Municipales, entre otros. La marcha fue numerosa, una demostración de fuerza.

El conflicto que se originó a partir del reclamo salarial de los choferes, que se niegan a aceptar el 21 por ciento de aumento en tres cuotas firmado en la paritaria nacional de la rama y que, además, reclamaban por la incorporación de los 77 trabajadores despedidos por la empresa Ersa, es un reclamo justo que cuenta con la legitimación de las bases.

Se sabe que las muestras de fuerza de las partes en conflicto forman parte de la dinámica de las negociaciones, algunas más duras que otras. Y también se sabe que las partes deben en algún momento volver al diálogo para intentar remediar las diferencias. Es un verdadero problema no saber ponerle límites a las escaladas.

La empresa Ersa, por caso, tampoco pareció entender la responsabilidad que le cabe. Sólo eso explica que, en medio del conflicto que paraliza ya por nueve días a la Ciudad, lanzara una convocatoria laboral a conductores profesionales con vocación de servicio. Mucho mejor hubiera sido que el municipio de Córdoba y Ersa utilizaran su ingenio para ver de qué manera podían comenzar a delinear un posible acuerdo.

De hecho, los choferes habían adelantado ayer que aceptarían el 21 por ciento, aunque pretendían que fuera en una sola cuota y no tres; además reclamaban que ese porcentaje se incorpore a los básicos; que se reincorpore a los trabajadores despedidos por reclamar; y que se normalice la situación de regional UTA-Córdoba, actualmente intervenida.

Anoche, envalentonados por la gran repercusión de su manifestación masiva y por el apoyo recibido para largar incluso un paro a nivel provincial --en una semana clave para la política, ya que se deben definir las alianzas para las PASO--, decidieron que iban a regresar el martes a sus funciones para continuar las negociaciones en un clima más distendido. La primera condición fue la reincorporación de los despedidos. La cosa parecía encaminada. Así lo anunció Marcelo Marín, delegado de Autobuses Córdoba y uno de los líderes de la protesta.

Sin embargo, en la madrugada del martes, con el aval del intendente Mestre, las empresas de transporte se negaron a firmar el acuerdo alcanzado por los trabajadores en el Ministerio de Trabajo de la provincia mediterránea. Mestre reforzó su posición a través de su cuenta de twitter. Los trabajadores despedidos han perdido sus trabajos y las horas no trabajadas no van a ser abonadas, dijo el intendente, asumiendo una posición que no le corresponde en absoluto.

El acuerdo era muy básico. Lo único que establecía era ningún trabajador en la calle. Todo lo demás era a negociar, sostuvo Marín al respecto. Pero el acuerdo alcanzado a nivel provincial se derrumbó a expensas del municipal. El paro sumó ayer un día más. Y la ciudad de Córdoba su segundo día militarizada.

*Sociólogo y periodista.