El presidente del bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo de la Nación sobre la situación de los controles fronterizos. Según explica en los fundamentos, la captura del supuesto narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, quien residía en Argentina desde fines de 2011 luego de ingresar al país con un pasaporte falso, motivó la iniciativa que está esperando dictamen de la comisión de Seguridad Interior.

En diálogo con Gestiónpublica.info, Gil Lavedra denunció que Argentina carece de una política efectiva en materia de narcotráfico. Además, el legislador radical cuestionó el traslado de las fuerzas de seguridad que deberían estar custodiando las fronteras a zonas como Fuerte Apache o Puerto Madero.

Entre los fundamentos del pedido de información que solicitó Gil Lavedra, figuran las declaraciones del titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Martín Arias Duval, quien destacó que el control de las fronteras terrestres es prácticamente imposible debido a la enorme extensión del territorio.

El presidente del bloque radical confirmó que para la elaboración de este texto se basó en varios informes emitidos por la Auditoría General de la Nación (AGN) que evidencian la falta de protección en las fronteras nacionales. Uno de ellos, que fue realizado en 2010 y aprobado este año, revela que de los 74 pasos fronterizos entre Chile y Argentina, el único que cuenta con Áreas de Control Integrado (ACI) al tránsito de vehículos particulares y de transporte de pasajeros hacia y desde el país vecino es el Paso Cristo Redentor.

Desde 1997 rigen las ACI cuyo objetivo fue establecer inspecciones más simples y rápidas a lo largo de 5.308 kilómetros que cubre el límite entre Argentina y el país trasandino. A pesar de haberse dispuesto recintos a ambos lados de la frontera, la AGN señaló que aun no se logró la simultaneidad en el control integrado por lo que el grado de avance es básico. 

Según figura en el informe de la AGN, los próximos pasos previstos para la implementación de las ACI serían Integración Austral (Santa Cruz), San Sebastián (Tierra del Fuego) y Pino Hachado (Mendoza). No obstante, al cierre de la auditoria no fueron implementados.

Por otro lado, la Dirección General de Política Latinoamericana, dependiente de Cancillería, notificó a la Auditoría Nacional que hay un plan acordado entre ambas naciones que prevé estudiar la extensión de los controles en los pasos Sico (Salta), San Francisco (Catamarca) y Agua Negra (San Juan). Sin embargo, los auditores no pudieron constatar los resultados de dichos estudios.

Este informe de la AGN demuestra la situación de indefensión que cuenta el Estado argentino en esa materia, aseguró Ricardo Gil Lavedra. El texto de su autoría fue firmado por los diputados Ricardo Alfonsín, Mario Fiad, Elsa Álvarez, Fabián Rogel, Jorge Albarracín, Bernardo Biella, Hugo Maldonado y Eduardo Costa. Además acompañaron el pedido de información Carlos Comi (CC-ARI), Gerardo Milman y Omar Duclós (Gen), Graciela Ocaña (Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad) y Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista).