En 2005 se sancionó la Ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niño que obligó al Congreso Nacional a designar un Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes en un plazo de 90 días. Sin embargo, doce años después, el cargo sigue vacante y distintas organizaciones de la sociedad civil se unieron para denunciar la situación.

Hace dos años se creó el colectivo Infancia en Deuda donde varias organizaciones reclaman por la implementación de esta normativa. Una de sus integrantes, Dalile Antúnez, dialogó con Gestionpublica.info y detalló que la única razón para explicar la mora es la falta de voluntad política. Hay una sentencia judicial que recientemente exhortó al Congreso Nacional a designar al Defensor y hay un reclamo de muchos años de distintas organizaciones de la sociedad civil.

Esta Ley pasó de considerar a los niños como objetos a sujetos de derechos, reemplazando la norma anterior de Patronato. La misma expresa que las políticas públicas de los organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes promoviendo acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a la infancia y adolescencia.

Entre otros aspectos, debe crearse la figura del Defensor para garantizar la verdadera aplicación de los derechos. Entre sus funciones se debe encargar del control y la auditoria de la aplicación del sistema de protección integral de los menores, interponer acciones para proteger a los niños en cualquier instancia judicial, velar por el efectivo respeto de sus derechos, supervisar entidades públicas y privadas que se dediquen a su atención y proporcionarles asesoramiento de cualquier índole a ellos y a sus familias. En momentos donde se debate la baja de imputabilidad, un Defensor de la niñez se considera fundamental en la discusión.

En Argentina la pobreza afecta especialmente a menores de 14 años pero la falta de la aplicación de la Ley y la disparidad de criterios entre provincias generó un bache de desprotección que perjudica aún más a los chicos. Según los últimos datos del Indec, la pobreza por edad alcanzó un pico de 45 por ciento en los menores de 14 años. Un porcentaje superior a la pobreza general de 30,3 por ciento. A ese panorama se le suma la falta de datos específicos. La última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud fue en 2005.

Entre las áreas estatales orientadas a garantizar los derechos de los menores se encuentra la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Esta dependencia apenas ejecutó el 71% de su presupuesto sobre $ 2.129 millones que tuvo a su disposición en 2016. Por esta razón, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron run pedido de información sobre la ejecución del presupuesto en el Sennaf.

La falta de Defensor empeora el panorama tanto a nivel nacional como provincial, ya que las provincias debían establecer sus propias defensorías. De 24, solo 6 los designaron. Hay un incumplimiento de la Ley, muchos derechos que están reconocidos en la práctica no se cumplen, expresó Antúnez.

Control

Tiene que haber un organismo de control especializado en los derechos de la niñez y la adolescencia que produzca información, diagnósticos, que escuche a los niños y que tenga instancia de participación en la niñez. El problema es que no hay un organismo nacional de rendición de cuentas, el cual estaba previsto en la Ley en la figura del Defensor del niño, resaltó.

Desde el colectivo Infancia en Deuda esperan que este año se realice el nombramiento. Debe hacerse un concurso y que sea transparente, que se cumpla con las pautas básicas de la Ley. La persona designada tiene que tener independencia política y debe ser quien resulte electo después de un examen y evaluación de antecedentes. Tiene que ser una persona idónea que cumpla el rol adecuadamente. Lo que pase este año depende de los diputados y senadores, aseveró Antúnez.

Para finalizar, señaló que los organismos de control no tienen que ser vistos como amenazas, sino como herramientas de transparencia y control que ayuden a una mejor gestión.