El proyecto que presentará en los próximos días la Defensoría del Pueblo de la Ciudad --"Obligaciones del Estado en orden a la promoción del empleo, vivienda y establecimiento de cupos respecto de las mujeres víctimas de violencia doméstica, explotación sexual o trata".- aparece como complementario del de Conde. Comparten el mismo grupo beneficiario, las mujeres víctimas de género, aunque en este caso se amplía a víctimas de explotación sexual y de trata.

En el capítulo referido al acceso a la vivienda, plantea que el Estado debe garantizar esa posibilidad a través de la compra mediante un crédito hipotecario, pago del alquiler por parte del Gobierno de la Ciudad o entrega en comodato de una casa propiedad de la ciudad.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, a través de su Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género, en la misma línea de priorizar la autonomía de las mujeres, volverá a insistir con un proyecto que establece que el Estado debe otorgar "una prestación económica específica para las mujeres víctimas de violencia de género que lo necesiten, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo, vital y móvil, por el término de un año. La prestación dejará de efectivizarse si la mujer se emplea en un trabajo estable". Este proyecto, junto con otras iniciativas similares, fueron tratados el año pasado en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura pero no contaron con el apoyo del PRO, necesario para su aprobación.