El jueves pasado se realizó la jornada El derecho a la información pública en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Organizada por la Carrera de Ciencias Políticas, participaron como oradores el profesor Martin Becerra, María Fernanda Araujo, Directora de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Carla Pitot, diputada por el Frente Renovador y José Lucas Magioncalda presidente de Ciudadanos Libres. Moderó el debate Elsa Llenderrosas, directora de la Carrera de Ciencias Políticas de dicha facultad.

El encuentro comenzó a partir de las 18 horas en el auditorio Gabriela David de la facultad ubicada en el barrio de Constitución. El impacto de la Ley aprobada en septiembre, fue la consigna que inició el debate. María Fernanda Araujo comenzó contando los detalles técnicos e históricos de la norma y cuáles son los cambios que están realizando desde el Ministerio para adecuarse a la normativa.

La ley 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Desde el Ministerio del Interior aseguraron que están capacitando a todos los organismos del Estado en relación a la norma. La Ley alcanza también a los sindicatos, partidos políticos, empresas con participación estatal, el Banco Central, entre otros organismos. Los plazos, para todos, son de 15 días para contestar un pedido de acceso a la información, con la posibilidad de una prórroga.

Por su parte, Carla Pitiot habló de la relación entre la Ley de acceso a la información y la tarea del control. Es un ida y vuelta, tanto la ciudadanía como el gobierno se empoderan teniendo acceso y mejor información, exclamó. Cuanto más transparente es un gobierno, mejor democracia tenemos. Los funcionarios deben entender la importancia de rendir cuentas, agregó.

Martin Becerra, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, expresó su perspectiva relacionando a la Ley con la libertad de opinión. El tema de acceso a la información pública forma parte de un objetivo más amplio y ambicioso, que tiene que ver con la profundización de la democracia. Becerra ahondó en la agenda política ligada a la libertad de expresión y mencionó que tenemos temas previos sin resolver, como la asfixia económica, la censura, muerte a periodistas, listas negras, clausuras de medios, la persecución, el juicio a los editores de revista Barcelona, la desprotección de los datos y los abusos de concesiones y licencias. Si bien logramos algunos acuerdos básicos, estas cuestiones no resultas dañan a la democracia y al acceso a la información, concluyó.