Si bien el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es una referencia a la hora de hablar de la protección de las minorías, hay muchas cosas que no funcionan como corresponde. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) da cuenta de la dificultad para diseñar políticas públicas, la demora en la emisión de dictámenes y lo problemático que resulta el acceso a la información del organismo.

La actualización del Mapa de la Discriminación constituiría una herramienta de diagnóstico esencial para el diseño de políticas públicas a nivel federal, regional, provincial y local, destaca el informe.

El Mapa es una investigación que realiza el propio INADI en todo el país para determinar las formas en que la sociedad percibe y experimenta la discriminación, xenofobia y racismo, así como de qué modo se construye la idea de discriminación en el imaginario social.

Según el informe de la AGN, que analizó el período que va desde enero de 2014 a febrero de 2017, la primera edición se efectuó en el período 2007-2009 y la segunda, entre 2013 y 2015. Luego, no fue actualizado nunca.

En lo que tiene que ver con el tiempo de resolución de los expedientes, el INADI elaboró un indicador de resultados Tiempo de Respuesta Promedio ante Denuncias. Si bien el organismo manifestó haber cumplido la meta de 12 meses para 2014 y 2015, la Unidad de Auditoría Interna señaló que el 65% de los casos relevados supera ese plazo.

Para 2016, el mismo INADI informó una demora promedio de 16 meses para la tramitación de una denuncia, incumpliendo la meta. ¿Qué observaron en estos expedientes? Casos en los que no se investigaron los hechos denunciados, o la misma fue insuficiente o no se completó; demoras en la instrucción y en la notificación del dictamen a las partes.

Por otra parte, la AGN indica que la información sobre la gestión del INADI no está disponible de forma completa, clara, precisa ni actualizada, lo cual compromete la transparencia del organismo. En su página web no está reflejada la memoria institucional, los contenidos son modificados con cada cambio de gestión y no figuran los dictámenes de denuncias de entre 2014 y 2017.

El INADI fue creado en 1995 y desde 1997 fue intervenido de manera intermitente. La ley 23.592 de actos discriminatorios, data de 1988 y no contempla los avances sociales, políticos y legales en materia de inclusión, igualdad y reconocimiento de derechos. La norma está desactualizada y resulta incompetente e insuficiente.

Por último, el organismo no implementa los mecanismos participativos previstos en la ley de su creación. El registro de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) no se encuentra actualizado: incluye a OSC que ya no existen y contiene datos de contacto obsoletos.