Según la Primera Encuesta a Inquilinos realizada entre el 1 y el 31 de enero de este año por la Federación de Inquilinos Nacional en Argentina, las personas dedican el 41 por ciento del ingreso al pago del alquiler, sin incluir expensas, impuesto inmobiliario, tarifas, ni demás gastos. Este porcentaje es similar en todas las provincias, lo que equipara la situación en el todo el país. Históricamente, el alquiler representó un 25 por ciento del salario promedio, reza la encuesta.

Año tras año, destinamos un porcentaje mayor de nuestros ingresos en el pago del alquiler. En algún momento esta situación va a generar una crisis habitacional, en la cual los inquilinos no vamos a poder pagar el alquiler y los propietarios no van a poder cobrarlo, expresó Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados.

Otro de los resultados de la encuesta es que más del 70% no tiene expectativas de poder acceder a una vivienda propia, y más del 80 por ciento hace más de 10 años que alquilan. Con esperanzas, el 64% de los encuestados averiguó por créditos hipotecarios. Pero con la suba de las tarifas y el estancamiento de los salarios, el 87 por ciento está preocupado por el precio, los requisitos para ingresar, las comisiones inmobiliarias y las garantías.

Otro de los datos que derivó de dicha encuesta, es la percepción de la falta de políticas específicas para el sector y la falta de control sobre las inmobiliarias. El 63 por ciento de los ciudadanos encuestados alquila por inmobiliaria y en la mitad de los casos no se discriminan las expensas entre ordinarias y extraordinarias.

Cuestión de género

La mayor parte de los inquilinos encuestados eran mujeres. Lo cual constató que son las encargadas de los temas relacionados a la vivienda. El 28% de las encuestadas manifestó que sufrió dificultad para alquilar por tener hijos.

En 2016, Inquilinos Agrupados presentó un proyecto de ley para regular los alquileres. Esta iniciativa establece que el aumento de los precios debe ser anual, no semestral y basado en un promedio entre inflación y variación salarial. De esta forma, si la inflación medida durante los 12 meses anteriores fue del 24 por ciento y el aumento promedio de los salarios fue del 16 por ciento, el precio debería aumentar un 20%.

Este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, pero terminó cajoneado en la comisión de Legislación General. Necesitamos que Daniel Lipovetzky, quien preside la comisión, llame a discutir y debatir el proyecto ya que la situación es bastante alarmante. Se siguen firmando contratos con aumentos semestrales del 12 o 15%. Esto está prohibido desde el año 1991. Pero como esta prohibición no tiene nada que ver con la inflación, lo que proponemos es poner una vara, que sea un promedio entre inflación y salario. Pero este proyecto está parado y con riesgo de que en diciembre pierda estado parlamentario. Hay que tener presente que la última vez que se votó una ley de alquileres fue en 1985, denunció Muñoz.