Para nadie es un misterio que en las últimas décadas asistimos a un grave proceso de deterioro manifestado, por ejemplo, en la sistemática violación de las normas de tránsito, en el absoluto desprecio por la vida de los demás y en el caos vehicular que transforma a la ciudad de Buenos Aires en un verdadero infierno. Este también era el caso en aquellos dos países europeos, especialmente a la hora de respetar los derechos de paso de los peatones. Pero en poco más de una década esto cambió radicalmente. ¿Qué fue lo que ocurrió para haber producido tan positiva evolución? Fundamentalmente tres cosas: primero, una intensa y persistente campaña de educación vial, misma que de forma atenuada todavía perdura en la actualidad; segundo, un gran avance en la señalización callejera y carretera; tercero, una firme política de control y penalización de los infractores.

En la Argentina nada de esto tuvo lugar, y los resultados son preocupantes. El caos vehicular se cobra cada año a causa de los mal llamados accidentes de tránsito (mal llamados por que la mayoría de ellos son prevenibles) un promedio de siete mil quinientas vidas, el doble de los homicidios intencionales registrado por las estadísticas criminales de este país. Pese a esto, esta interminable serie de muertes difícilmente ganan las primeras planas de los diarios. Se impone, por lo tanto, tomar nota de las experiencias de aquellos dos países, con los cuales existen múltiples lazos desde el punto de vista demográfico, cultural y social, y a partir de ello introducir los correctivos tan urgentemente requeridos en la Argentina. Por empezar, en nuestro país el estado parece haberse desentendido de su fundamental función docente, limitándose a sostener (a duras penas y con enormes limitaciones de todo tipo) la educación formal en todos sus niveles. Pero todo el amplio abanico de la educación informal y las campañas específicas, en este caso de educación vial, brillan por su ausencia. Es algo que sencillamente no se hace Eso pese a que en el pasado hubo una muy efectiva campaña (el que viene por la derecha a pasar tiene derecho) en una época en que el parque automotor de la ciudad de Buenos Aires probablemente era la quinta parte del que existe en la actualidad. Hoy, la enorme mayoría de los automovilistas desconoce esa elemental regla de tránsito, y no hay nadie que se la recuerde. Los pocos esfuerzos que existen en la materia los realizan algunas ONGs, pero no alcanzan a compensar aquello que el estado no hace. La señalización en calles y rutas es, siendo benévolos, muy defectuosa. El número de letreros y señales es insuficiente y las indicaciones en muchos casos están dañadas, son confusas o están puestas sin la suficiente anticipación como para realizar la maniobra exigida con un adecuado margen de seguridad. Por ejemplo, anuncios de que se debe disminuir la velocidad en las autopistas de 120 kilómetros por hora a 40 en menos de cien metros, con lo cual se pone en serio riesgo al automovilista que obedece la indicación ante la posibilidad de que quienes vienen detrás puedan no haber visto la misma y no alcancen a disminuir la velocidad a tiempo, con los consabidos resultados. Pero lo más grave es que en la Argentina las reglas del tránsito pueden violarse casi con total impunidad, sobre todo si el transgresor pertenece a los sectores sociales más favorecidos o goza de un respaldo corporativo (caso de conductores de colectivos o camiones). El tema del law enforcement, tan importante en otras latitudes, es una asignatura pendiente en nuestro país. O, cuando se fija una penalidad, no pocas veces ésta adolece de serios vicios, desde la arbitrariedad en la aplicación de la pena o multa hasta, en algunos casos, los montos exorbitantes de las mismas. Esta falta de control se comprueba también en el otorgamiento de las licencias de conductor que mismo en la ciudad de Buenos Aires es algo que está sometido a toda clase de irregularidades y debido a las cuales se autoriza a conducir legalmente un automóvil a personas que no están capacitadas para ello.

Conclusión: estamos ante un problema que requiere un activo protagonismo docente del estado (tanto del nacional como de las jurisdicciones provinciales y municipales) en materia de educación vial unido a un serio esfuerzo para desarrollar un sistema de señales eficaz pero, sobre todo, un cuerpo especializado de policía de tránsito que pueda ejercer un control efectivo de la circulación, penalizar a quienes violan sus normas y velar por el cumplimiento de la normativa vigente. La transparencia y la honestidad en la aplicación de las sanciones a los infractores se ve hoy día facilitada por los desarrollos tecnológicos (cámaras de vigilancia, control on line de los infractores, sistemas de comunicación en tiempo real, etcétera). Si esto se llevase a cabo la vida cotidiana en nuestras grandes ciudades, especialmente en Buenos Aires, se vería notablemente beneficiada.