El sistema penal juvenil está concebido para castigar, producir daño y lo hace con eficacia. Hay que entender que el daño, en algún punto, está concebido por la sociedad que vota a los legisladores que deciden el destino de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Así se expresó ante Gestionpublica.info el abogado y ex director del programa de estudios de la UBA en cárceles federales, Leandro Halperín, quien fue consultado a partir de un informe que publicó la Auditoria General de la Nación (AGN) el cual visibiliza las precarias condiciones de los centros de encierro para chicos menores de 18 años.

La AGN analizó la gestión del programa de la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Tal como publicó el portal www.elauditor.info, un apartado del informe hace referencia a las ‘deficiencias en los trámites de sumarios a operadores del sistema penal juvenil’.

La AGN estuvo presente en los Centros de Régimen Cerrado (CRC) para jóvenes Belgrano, Agote y Roca. Los auditores analizaron una muestra de sumarios efectuados al personal por mal desempeños en dichas instituciones. El organismo de control detectó diversas falencias en la materia como por ejemplo, la excesiva tardanza de una denuncia ante el posible abuso de un adolescente alojado. Varias citaciones repetidas se podrían haber evitado, diligenciando un oficio al sector de personal para precisar el lugar de trabajo del agente a quien debía citarse, alertó la AGN.

Halperín explicó que si bien las áreas competentes de velar por los derechos de los niños y niñas en condiciones de encierro hacen visitas, el interrogante es qué hacen cuando ven algo. Consultado respecto al rol de la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, fue contundente: Visitar un lugar de detención no es suficiente para hacer las cosas bien. Ahí encontramos un agujero negro. No puede suceder que un funcionario público vea a un chico ensangrentado y le crea cuando dice que se cayó en el baño. La responsabilidad sobre esos adolescentes es de los funcionarios públicos.

Por otra parte, el informe de la AGN menciona otra denuncia de dos chicos por malos tratos de parte del personal de seguridad y vigilancia, en el Agote. En este caso, los auditores encontraron que ese expediente no registró movimientos hasta cuatro meses después de haberse efectuado la denuncia. También se registró un proceso que fue tan largo, que cuando se determinó el incumplimiento del agente penitenciario, este ya se había jubilado. 

En los centros de detención tanto para jóvenes como para adultos, el Estado viola los derechos humanos a diario, indicó Halperín. El ex director del programa de estudios de la UBA en cárceles federales destacó que es necesario aminorar el daño que los centros de encierro producen en los adolescentes, en primer lugar porque tienen derecho a que el sistema penal juvenil les brinde oportunidades para retornar al medio libre de manera pacífica, pero también por nosotros, porque esos chicos y los adultos que están en contextos de encierro cuando salen lo hacen en peores condiciones que antes de ingresar en estos lugares.

En las tres instituciones auditadas la ropa de cama (sábanas, frazadas), toallas y elementos de limpieza eran insuficientes. Por ejemplo, en el CRC Belgrano hay faltante de colchones, ‘los mismos eran provistos por el Taller de Producción para Ciegos dependiente del auditado, actividad que fue suspendida temporalmente, señala el informe.

En materia edilicia, también la Auditoría indicó que en el mismo centro, hay problemas de pintura, humedad y electricidad. Además, los auditores advirtieron deficiencias en los baños, faltante de mampostería en las ventanas y que no hay manguera contra incendios.

Es preciso impulsar políticas de Estado serias a mediano plazo, planificadas por quienes hoy están en el gobierno y en la oposición junto con organizaciones especializadas en la materia, que generen posibilidades de retornar al medio libre de forma pacifica, sostuvo Halperín quien destacó el rol de los organismos de control para visibilizar las condiciones en las que viven los chicos en estos lugares de encierro: Que la AGN pueda ejercer su función y verificar el trato en estos espacios, me parece un avance. Que el informe llegue a la sociedad cuando se vulneran los derechos también es un avance. Pero seria un gran avance que los responsables del Poder Ejecutivo de estas áreas cuando no respetan la ley paguen el costo de violentarla.