Tras visitar varios centros del régimen penal juvenil, la Auditoría General de la Nación (AGN) elaboró un informe en el que se detallan demoras observadas en varios aspectos, desde el avance de investigaciones por supuestos malos tratos y abusos de chicos alojados, hasta cuestiones más someras, como las averiguaciones por robos de elementos de trabajo. En el relevamiento en cuestión, el organismo de control destaca la “importancia” de que esos trámites “se efectúen en tiempo y forma, para que no se lastime la legitimidad de la actuación del personal” que se desempeña en las instituciones, y que esto no provoque el “debilitamiento de las labores socio-educativas emprendidas”.

La Auditoría analizó la gestión de la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y que ejecuta, justamente, el programa de promoción y protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Un apartado del informe hace referencia a las “deficiencias en los trámites de sumarios a operadores del sistema penal juvenil”. Puntualmente, son las investigaciones a los empleados de los institutos y comunidades terapéuticas por irregularidades en sus desempeños. 

Según la AGN, se detectaron en ese sentido “demoras en la sustanciación de las informaciones sumarias y/o sumarios por repetición de las citaciones”. Hay varios ejemplos de esta falencia, como la tardanza de una “denuncia ante el posible abuso de un menor alojado, donde varias citaciones repetidas se podrían haber evitado, diligenciando un oficio al sector de personal para precisar el lugar de trabajo del agente a quien debía citarse”.

Además, pudo advertirse una demora de más de tres meses para el cumplimiento de un oficio en el que se solicitaba solamente la copia de un examen médico de un chico alojado en el instituto Agote, de la Ciudad de Buenos Aires, que había denunciado malos tratos.

Hubo otra denuncia, de dos chicos por malos tratos de parte del personal de seguridad y vigilancia, también del Agote. En este caso, los auditores encontraron que ese expediente no registró movimientos entre diciembre de 2010 y abril de 2011.

Y si de demoras se trata, se descubrió un proceso que fue tan largo, que se volvió “ineficaz, toda vez que al determinarse el incumplimiento a sus deberes, el agente en cuestión ya se había jubilado”. Y en otro caso de denuncia por malos tratos, la vicedirectora de un Instituto fue convocada a declarar luego de su renuncia, “pese a que los hechos hubieran requerido su inmediata citación testimonial”, sostiene el informe.

Más demoras

La AGN recuerda en su investigación que el 15 de junio de 2007 un joven se fugó de la guardia del Hospital Alvear, donde estaba bajo custodia de dos agentes, quienes fueron sancionados con suspensión recién cuatro años después, el 6 de diciembre de 2011.  

En cuanto a los escapes de los chicos, el informe incluye un ejemplo extremo. Es el de “un menor que se fugó del Hospital Argerich el 19 de enero de 2010 con custodia de agentes de seguridad, quienes presuntamente lo habrían ayudado en la evasión, y que había sido trasladado de un Instituto con prescripción médica justificadora del mismo. Luego de notificaciones y oficios a la fiscalía de turno, el expediente no tiene movimiento desde el 10 de diciembre” del mismo año. 

Las demoras en la gestión también se registran en cuestiones más someras. Por ejemplo, dice la AGN que “se inició investigación sumarial por la denuncia de faltante de varios elementos en el Instituto Agote (conjuntos deportivos, pullovers, camisetas, toallones, máquina termofusora, etc)”. El hecho habría ocurrido el 12 de junio de 2009, pero la dirección del Instituto lo informó recién el 6 de julio y hubo que esperar hasta el 11 de agosto para la denuncia en la comisaría correspondiente. “El sumario registra reiteraciones de citaciones, incomparecencias procesales, y el último movimiento del expediente fue en septiembre de 2011 sin haberse finalizado el proceso”, completa el relevamiento.

Una Subsecretaría, dos Direcciones

El organismo de control detalla que Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia está conformada por dos direcciones nacionales; por un lado, la de Promoción y Protección Integral, y, por el otro, la de Adolescentes Infractores de la Ley Penal.   

Con respecto a la primera Dirección, la AGN visitó la Comunidad Terapéutica Tekova Roga, que está en una isla del partido bonaerense de Tigre, y el Centro Garrigós, de la Ciudad de Buenos Aires, que dependen de esa área.

En Tekova Roga, donde reciben jóvenes varones provenientes de juzgados, o que por iniciativa propia o familiar se acercan para un tratamiento, se observaron “graves deterioros y deficiencias en la estructura edilicia, humedad en paredes, falta de pintura, calefacción insuficiente y baños en mal estado”. Además, “no hay manuales de procedimientos para las diversas actividades, como por ejemplo organización de ingresos y egresos, actividades, administración, entre otras. No cuenta con conexión informática con la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Y no se ha terminado de instalar la provisión de agua desde tierra”, enumera la AGN. 

Por otra parte, con respecto a la segunda Dirección, la de Adolescentes Infractores de la Ley Penal, el equipo de auditores visitó los centros Belgrano, Agote y Roca. Los tres son para varones de entre 17 y 20 años, y funcionan bajo el régimen cerrado, es decir que tienen previsiones de seguridad perimetral y pretende construir junto a los chicos un escenario de alejamiento de la transgresión a la normativa.

En la recorrida por esas instituciones se pudo constatar, por ejemplo, varias falencias edilicias. Dice la AGN: “En el (centro) Belgrano hay problemas de pintura, humedad, electricidad, deficiencias en baños, faltantes de mampostería en ventanas, el vestuario del personal de seguridad está deteriorado, parte del piso levantado, no hay manguera de incendio, las celdas no poseen estantería para la guarda de ropa y/o pertenencias de menores”. Mientras que en el Rocca llegaron al extremo de pedir un grupo electrógeno “por los constantes cortes de electricidad” que sufren.

Además, en los tres centros “se detectó faltante de ropa de cama (sábanas, frazadas), toallas y elementos de limpieza”, notaron los técnicos. Y en el Belgrano carecen de colchones, agregó la investigación, y añadió: “Los mismos eran provistos por el Taller de Producción para Ciegos dependiente del auditado (la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia), actividad que fue suspendida temporalmente”, al momento del informe, que analizó datos de 2010 y recién fue aprobado este año.

No obstante, la Auditoría también remarca falencias administrativas. Por ejemplo, que no existen manuales de procedimiento referidos a ingresos y egresos de los chicos, y detalles sobre su conducta y educación. Y, puntualmente en los centros Agote y Belgrano, se observó que los adolescentes firman un papel donde figuran las normas de convivencia, luego de que se les lean estas prescripciones, y que ese documento es archivado en su legajo. 

Para completar el cuadro, en cuanto al manejo de la información, la AGN sostiene que en el centro Belgrano “el Libro de Actas de Ingreso-Egreso, tiene incongruencias, se detectaron menores que no fueron registrados y, en contrapartida, también hay casos de menores donde no figura el egreso”. Por el lado del Agote, “se constataron incongruencias entre el Libro de Guardia y el Libro Judicial”, y en las tres instituciones “se encontraron gran cantidad de legajos de jóvenes egresados, los que deberían ser enviados al archivo central o destruidos”.