El Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER) tiene entre sus objetivos “desarrollar la cobertura, la eficiencia y la calidad del sistema educativo de Argentina”, principalmente en los espacios rurales. Para lograrlo, la evaluación constante del plan es fundamental para conocer sus avances. Sin embargo, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que el sistema encargado de ello “tiene una imposibilidad desde su diseño para medir el impacto del programa”.

De todas formas, para estimar el avance del proyecto también se estableció una matriz con un conjunto de indicadores específicos. De cada uno se registra la situación inicial y las metas anuales que persiguen. Pero sobre este punto los auditores también detectaron serias irregularidades ya que “el sistema de indicadores se modificó sustancialmente, tanto en número como en alcance y precisión, por lo que ya no se pueden comparar entre sí y dificultan la evaluación de la gestión”. En cuanto a cantidad se detecto que primero eran siete, después 11 y finalmente quedaron cuatro.

Uno de los ejemplos citados en el informe, que fue aprobado en junio de este año, es el del indicador que mide la sobreedad escolar, “que fue descartado porque que no se esperaba que el proyecto tenga impacto alguno en este tema, ni a corto ni a mediano plazo”. Sin embargo, era uno de los problemas más alarmantes antes de la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006, estaba dentro de los objetivos educativos del Bicentenario (que debía alcanzarse antes del 2010) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) había alertado sobre ese tema y solicitado que se trate la problemática.
Esta imposibilidad de comparar datos, señala la AGN, “afecta a uno de los objetivos del PROMER: “que la evaluación final permita orientar tanto al Gobierno Nacional como al BIRF para políticas futuras relacionadas”. Es importante recordar que esta entidad fue la que le otorgó un préstamo por U$S150 millones al Ministerio de Educación para llevar adelante el proyecto.

A esta imposibilidad de medir los progresos del Programa se suma que “el diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación impide dar cuenta del aporte que las acciones que se llevan adelante y, en consecuencia, del alcance logrado en la persecución de los objetivos”. Además, los auditores consideraron que el proyecto “no se adapta a las contribuciones que pueden brindarle factores externos”, como por ejemplo la implementación de la Asignación Universal por Hijo.

¿Qué pasa en las provincias?

Al momento de la planificación inicial del PROMER “se esperaba” que las jurisdicciones participen activamente de la generación y validación de información. Pero con el desarrollo del programa quedaron en descubierto “dificultades y limitaciones” para una integración como la que se pretendía. De hecho, fue la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa “la encargada de administrar el sistema de indicadores del proyecto y de generar los informes que analizan la gestión”. Mientras que las provincias “sufrieron una minimización de sus funciones”.

Para la AGN “esta centralización terminó derivando en los riesgos advertidos y enunciados en el diseño del programa”, es decir, “en que la falta de participación de las provincias retrasaría la ejecución del programa”.

Justamente, el BIRF había identificado esto como un riesgo y había elaborado un componente destinado al fortalecimiento de la gestión educativa. Pero en el proceso de modificación de indicadores “se dieron de baja aquellos relativos, por ejemplo, a la disponibilidad de estadísticas educativa”.

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Se previó la instalación de un sistema de información geográfico en la web. Si bien la Auditoría califica este hecho como “un avance inédito en la visualización de datos, las limitaciones en el acceso condicionan la devolución y la retroalimentación de estadísticas educativas a las escuelas”. Es que “las cifras disponibles se limitan a la matrícula y solo en caso que el BIRF las solicite se procesan a nivel de departamento y agrupamiento”.