Hasta principios de noviembre, el Presupuesto 2013 fue modificado unas 27 veces sin pasar por el Congreso Nacional, incluyendo decisiones administrativas del entonces Jefe de Gabinete y el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el vicepresidente a cargo del Ejecutivo, mediante el cual se ampliaron los gastos totales en $ 80.735 millones. La mayoría de esos incrementos se destinaron a importar gas y a subsidiar, tanto a empresas públicas y privadas del sector energético, como al consumo domiciliario. 

Todas estas acciones están agrupadas en la función presupuestaria Energía, Combustible y Minería, en rigor, la que más creció durante el año en términos nominales a raíz de las modificaciones y ampliaciones de gastos registradas en estos meses. 

El ítem en cuestión había comenzado el ejercicio con una partida autorizada de $ 43.353 millones; pero, con los sucesivos cambios, ese monto se incrementó unos $ 51.221 millones, y trepó hasta los $ 94.574 millones, un 118% más que el cálculo original.

Esta función presupuestaria integra la finalidad Servicios Económicos que, en términos globales, pasó de tener un crédito inicial de $ 102.656 millones a disponer de una partida vigente de $ 174.806 millones; es decir que registró un aumento del 70% de sus fundos en poco más de diez meses. 

Dentro de los Servicios Económicos hay otras funciones que también muestran un crecimiento de sus presupuestos en el transcurso del ejercicio. 

Es el caso de la función Transporte, destinada en mayor medida a subsidiar empresas de colectivos, trenes, subterráneos y la aeronavegación. El ítem contaba, al momento de aprobarse el Presupuesto, con una partida de $ 41.429 millones; un monto que, modificaciones mediante, creció un 35% para llegar a los $ 55.953 millones. 

Además, aparecen funciones como Comunicaciones, cuyo presupuesto se incrementó un 68% en relación a los cálculos iniciales, pasando de $ 6.380 millones a $ 10.720 millones; y Agricultura, que inició el año con una partida de $ 4.176 millones y ahora dispone de $ 5.212 millones, con un aumento del 25%. 

Por otra parte, la finalidad Servicios Sociales registra una suba del 12% de su presupuesto gracias a las modificaciones de estos meses, y pasó de tener $ 395.607 millones a contar con $ 444.941 millones. 

Esta finalidad está integrada por funciones como Salud, Seguridad Social, Educación y Cultura, Ciencia y Técnica, y Agua Potable y Alcantarillado, entre otros objetivos. 

La curiosidad de los Servicios Sociales, en cuanto a las modificaciones presupuestarias, es que tiene entre sus componentes a la función que más aumentó en términos porcentuales, que fue la partida de Vivienda y Urbanismo; y a la vez, a la que menor variación registró en el año, la destinada a la Promoción y Asistencia Social. 

La función Vivienda y Urbanismo había iniciado el ejercicio 2013 con una partida de $ 5.874 millones, pero con las ampliaciones de gastos, está cerrando el año con un crédito vigente de $ 15.262 millones, es decir, un 160% por encima de los cálculos originales. 

Por el lado de la función Promoción y Asistencia Social, el incremento fue solamente del 1% en estos meses, pasando de $ 12.389 millones a $ 12.556 millones.

Tras las 27 modificaciones presupuestarias, los Gastos Totales del Estado aumentaron un 21% en relación a lo aprobado por el Congreso de la Nación, llevando el ítem desde los $ 628.629 millones iniciales a los $ 759.578 millones vigentes.  

En ese sentido, el resto de las finalidades del Presupuesto se incrementaron en la misma proporción porcentual que los Gastos Totales. 

Por ejemplo, la finalidad Administración Gubernamental había comenzado el ejercicio con una partida de $ 39.939 millones, y actualmente dispone de un crédito vigente de $ 48.508 millones, es decir, un incremento del 21%.

Y la finalidad Servicios de Defensa y Seguridad pasó, con sus modificaciones, de tener un presupuesto de $ 34.904 millones a disponer de $ 43.020 millones, lo que representa un aumento del 23%. 

En rigor, la única finalidad del Presupuesto que no aumentó en estos meses fue la de los Servicios de Deuda Pública. Al contrario, sus fondos mermaron en un 13% -unos $ 7.000 millones- en relación a lo previsto a comienzos de año, cuando se había calculado una partida de $ 55.607 millones. Con los recortes registrados, el ítem cerrará el ejercicio con un crédito vigente de $ 48.607 millones.