Publicado: 05-11-2013
 
El gobernador Daniel Scioli presentó ayer el sistema de Control e Información Geo-referencial de Programas Sociales, coordinado entre el ministerio de Desarrollo Social, Unicef y el Honorable Tribunal de Cuentas, durante una reunión de trabajo concretada en la sede porteña del Banco Provincia.

La iniciativa promueve la "eficiencia" de los programas sociales de la Provincia, y otorga un exhaustivo análisis de los datos disponibles, que se transforman en información precisa para el usuario.

Durante el encuentro, el ministro de Desarrollo Social, Martín Ferré, señaló que la herramienta "es una experiencia inédita en la administración pública", que busca "perfeccionar la gestión de los recursos", y aseveró que "es un hito como Ministerio y a nivel provincial".

Participaron también, el presidente del Tribunal de Cuentas, Eduardo Grimberg; el representante de Unicef Argentina, Andrés Francos; el coordinador de proyectos entre Unicef y la provincia, Adrián Radic; y el subsecretario de Control de Gestión del Ministerio, Mariano Boiero. (Prensa 3037)

También ayer Scioli envió a la Cámara de Senadores el pliego con el que designa como Fiscal de Estado al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Hernán Gómez, quien venía ejerciendo el cargo desde el fallecimiento del titular, Ricardo Szelagowski. La Cámara Alta deberá confirmar el nombramiento del fiscal en su próxima sesión.
Desde el fallecimiento de Szelagowski, el 18 de julio del año pasado, la fiscalía de Estado de la provincia había quedado en manos de Gómez, un hombre de la Unión Cívica Radical, quien ocupaba la Fiscalía Adjunta. Con su ratificación, la Fiscalía de Estado "continuará siendo encabezada por un letrado que no pertenece al partido del gobierno, como es tradición en la provincia", indicó el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, quien anunció el envío del pliego al Senado, que según la Constitución, debe dar acuerdo a la elección del Ejecutivo. 

Con esa elección, el mandatario lapidó las versiones que indicaban que entregaría ese cargo vitalicio al ministro de Justicia, Ricardo Casal, quien ansiaba el puesto, y que emergió como posible sucesor tras el fallecimiento de Szelagowski.