En mayo de 2007, vecinos de distintos barrios porteños (Palermo, Belgrano, Recoleta y Retiro), notaron que sus veredas se estaban deteriorando, como así también ciertas estatuas, y varios edificios de piedra. Esta situación la atribuyeron a la presencia de lluvia ácida, proveniente, según aseguraron, de los gases contaminantes emitidos por las centrales de generación eléctrica que posee la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente Central Costanera y Puerto S.A..

Fue así que decidieron presentar una denuncia ante la Defensoría del Pueblo porteña y, por aquel entonces, Atilio Alimena, defensor adjunto del Pueblo, había asegurado que se estaba en presencia de un daño ambiental muy grave, ya que esta quema de petróleo genera serios trastornos en las vías respiratorias de las personas. Se refería al fuel oil, un combustible con alto contenido de azufre que las empresas utilizan en reemplazo del gas natural.

Luego de varias idas y vueltas, cruces entre la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación y el Ministerio de Ambiente porteño, la denuncia de los vecinos llegó a oídos de la Auditoria General de la Nación (AGN), quien decidió evaluar las funciones del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), entre ellas, los controles sobre las emisiones a la atmosfera provenientes de las centrales termoeléctricas, y analizar la normativa existente sobre los procedimientos para la medición y registro de dichas emisiones, estudios de impacto ambiental, y previsiones en los planes de gestión ambiental. El período auditado fue 2006noviembre de 2009.

Según detalló a gestionpublica.info Andrea Gainza, jefa de equipo de auditoria ambiental de la AGN, lo que hicimos fue evaluar la gestión de las empresas pero desde la mirada del ENRE, ver si las controlaba como las debería controlar. En términos generales los principales defectos que encontramos tiene que ver con que, como el ente tiene muy baja capacidad operativa, no alcanza a revisar a tiempo las cosas que están mal. Las empresas informan, y después resulta que ellos tardan un año en ver esos informes. Esa es la principal debilidad que encontramos, destacó.

Del informe de AGN, concretamente resultó que el Ente presenta considerables retrasos en el análisis de la información provista por los generadores, y dicha situación demora la aplicación de posibles sanciones y eventuales acciones correctivas. Según señalaron los auditores, el organismo tiene baja capacidad operativa para realizar los controles en tiempo y forma. Además, se detectó una considerable demora en la evaluación de los registros de Monitoreo continuo de Emisiones (MCE), de donde se pueden detectar las vulneraciones a los límites máximos de emisión de contaminantes atmosféricos.

Gestionpublica.info decidió comunicarse con el ENRE para saber qué acciones había tomado el organismo luego de conocerse la auditoria de la AGN, y a pesar de varios llamados e intercambios de e-mails con el área de prensa, se nos informó que debíamos hablar directamente con la Secretaría de Energía, desde donde tampoco se obtuvo respuesta.

Se puntualizó también en el informe de AGN que las empresas Central Costanera y Puerto no tienen límites máximos establecidos para emitir óxidos de nitrógeno (NOx), porque su producción es preexistente a la entrada en vigencia de la Resolución 108, de 2001, que fija los topes para emitir contaminantes a la atmósfera. Tal situación provoca que el ENRE no tenga facultad de sancionar a los generadores frente a emisiones excesivas, y lo que es peor aún, la Auditoria informó que justamente ambas centrales representan la principal fuente de emisión de esos gases en la Ciudad.

La respuesta de Central Puerto. Ante el silencio del ENRE y la secretaria de Energía, gestionpublica.info se comunicó con la empresa Central Puerto para conocer su visión acerca de las denuncias formuladas por el organismo de control. Hipólito Choren, Gerente de Gestión de Calidad de la firma, fue el encargado de asegurar que desde el ENRE no se les informó acerca de la existencia del informe de Auditoria.

Según explicó Choren, Central Puerto debe cumplir con límites de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) fijados para los ciclos combinados. Las unidades turbovapor de las centrales termoeléctricas se encontraban en operación muchos años antes de la vigencia de las normativas de emisiones a la atmósfera, por tal motivo las unidades existentes en todo el país no están obligadas a cumplir con los límites máximos de emisiones de NOx, conforme surge de la Resolución S.E. 108/01. Igualmente, aclaró que dicha resolución fija límites de emisión para las nuevas unidades turbovapor que se instalan y esos límites son prácticamente cumplidos por las unidades que se encontraban en operación, antes de su entrada en vigencia, a pesar de no tener la obligación. Remarcó que Central Puerto ha aplicado modelos de dispersión de contaminantes en la atmósfera demostrando que las emisiones de sus centrales no superan los estándares de calidad del aire de la ciudad de Buenos Aires.

Además, insistió en que las centrales termoeléctricas nacionales son las industrias más controladas del país y el ENRE realiza rigurosos controles. Por último, Choren señaló que las centrales ubicadas en la C.A.B.A no son las principales fuentes de contaminación de óxidos de nitrógeno (NOx) de la Ciudad, sino que lo son los vehículos automotores que no disponen de catalizadores de gases de escape, porque las emisiones que realizan prácticamente a nivel del suelo y por la enorme concentración de vehículos que se desplazan por la Ciudad, fundamentalmente en las horas pico.